Luego de un proceso judicial que se desarrolló en el fuero federal por estar implicada la policía provincial, el tribunal conformado por Enrique Liljedahll, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla, determinó la culpabilidad de nueve policías por el asesinato de Luis Espinoza, el posterior encubrimiento del mismo, y la privación ilegítima de la libertad de su hermano Juan Espinoza.
Las penas fueron las siguientes:
José Alberto Morales a prisión perpetua por ser considerado autor penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado.
Rubén Héctor Montenegro a prisión perpetua por ser considerado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de la función policial y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado.
Gerardo Esteban González Rojas a prisión perpetua por ser considerado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de la función policial y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado.
Claudio Alfredo Zelaya a prisión perpetua por ser considerado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de la función policial y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado.
Victor Manuel Salinas a 7 años de prisión por ser coautor de delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por el delito de encubrimiento.
Myrian Rosalba González a 12 años de prisión por ser considerada como partícipe secundaria del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de la función policial y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado.
Carlos Lisandro Romano a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento agravado ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público.
José María Paz a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento agravado ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público.
René Eduardo Ardiles a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento agravado ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público.
Héctor Fabio Villavicencio y Álvaro Gonzalo González fueron absueltos por el beneficio de la duda.
Por otro lado, los imputados deberán pagar la suma de 20 millones de pesos que deberán repartirse entre los hijos de la víctima Luis Espinoza.
Sobre los hechos
En el juicio, que inició el 24 de octubre pasado, se debatió la responsabilidad de los diez acusados en los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2020 cuando se encontraba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia del virus COVID-19. Los policías de la Comisaría de Monteagudo habían acudido a la localidad de Melcho supuestamente a dispersar una carrera “cuadrera” de caballos, cuya existencia no pudo comprobarse. De acuerdo con la fiscalía, el operativo estuvo caracterizado por irregularidades, con participación de agentes vestidos de civil, en autos particulares y armados.
En la acusación se sostuvo que los efectivos ingresaron al pueblo haciendo disparos y, luego de una serie de persecuciones, al menos cuatro de ellos efectuaron disparos letales. Una bala ingresó por la espalda de Luis Armando Espinoza y le quitó la vida. Su cuerpo apareció siete días después en la zona conocida como “Banderita”, en la provincia de Catamarca, a metros del límite con Tucumán, en un barranco adonde había sido arrojado por cuatro de los acusados.
Violencia institucional
En su alegato, el fiscal a cargo, Pablo Camuña, calificó a los hechos como “un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán”. En ese sentido, destacó que los integrantes de la fuerza “abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”.
En la reconstrucción de los hechos, Camuña y Doz Costa detallaron que también se produjo la privación ilegítima de la libertad al hermano de la víctima, Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido llevada a cabo por los mismos policías sin fundamento alguno, violentamente, con vejaciones y en abuso de sus funciones. Por último, los acusó de llevar a cabo una serie de acciones y omisiones con el objetivo de borrar las huellas y rastros de sus delitos.
El caso de Luis Espinoza fue el primer hecho de gatillo fácil que se dio a conocer en los medios de comunicación a partir de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de COVID-19. Lamentablemente no fue el único, meses después Ceferino Nadal fue asesinado por la policía de Tucumán en pleno centro. La violencia institucional ejercida por la policía se acrecentó durante la cuarentena en todo el país.
