Son cuatro las policías acusadas de la muerte de las jóvenes que se encontraban detenidas en la Brigada Femenina de Concepción. Apremios ilegales, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde Andhes enfatizan en el contexto de crisis carcelaria en el que se dieron los hechos.
Finalmente, este jueves comenzó el juicio por el incendio en la Brigada Femenina de Concepción que se cobró la vida de cuatro mujeres que se encontraban detenidas allí.
Tres de las imputadas cambiaron de defensa la semana pasada, por lo que el juicio que estaba previsto para iniciar el lunes se postergó 72hs. El debate desarrollará en modalidad mixta desde la ciudad de Concepción, tanto presencial como virtual, ya que familiares de dos de las víctimas viven en San Miguel de Tucumán.
Las víctimas fatales del incendio tenían entre 23 y 26 años, dos de ellas eran madres con sus hijas menores a cargo. Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas murieron por asfixia encerradas en una celda. Tanto ellas como sus familiares denunciaban mejores condiciones de detención, ya que se encontraban hacinadas, con mala alimentación y con recorte del régimen de visitas.
Ninguna debía estar cumpliendo su condena en esa brigada ya que no es un centro de detención, pero por la sobrepoblación carcelaria que existe en Tucumán, el único penal de mujeres en la provincia no tenía cupo.
Por el hecho se encuentran imputadas tres oficiales y la jefa que prestaban servicios en la Brigada el día del incendio. María Fernanda Lazarte, Margarita Gutiérrez, Susana Rodríguez y Sandra Rivarola están imputadas por los delitos de apremios ilegales, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Emilia López Delgado de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios y Atentados contra las Personas. También intervine como querellante la Defensoría de la Niñez en representación de la hija de Macarena Salinas, Ariel y Yanina Cardozo, hermanos de Salinas, se constituyeron como querellantes bajo la representación de Emilio Guagnini, de la organización Andhes. La familia de Rocío Mendoza estará representada por Constanza Noelia Bosco. José Saravia, padre de María José Saravia también será querellante bajo la representación de Martín Sandez, y la familia de Yaquelin Saquilan, estará representada por Luis Marian Augier.
La familia Salinas también presentó una demanda civil contra el gobierno de la provincia por los daños ocasionados a la hija menor de la misma.
En la primera jornada prestarán declaración cinco agentes de la policía de diferentes cargos, dos de ellos de la Dirección de Bomberos. El testimonio más importante será el de una de las sobrevivientes del incendio que se encontraba en otra área de la brigada cuando se produjo el siniestro. Por la tarde prestarán declaración familiares de las víctimas.
El tribunal está integrado por las juezas Cecilia Tasquer, Elena Grellet, y el juez Rodrigo Sebastián Martearena.
Sobre los hechos
El 2 de septiembre de 2021, durante una protesta en la Brigada Femenina de Concepción en la que las mujeres alojadas reclamaban las malas condiciones de detención, se produjo un incendio que causó el fallecimiento de cuatro jóvenes, Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas, quienes murieron por asfixia, calcinadas y abrazadas, encerradas con candado dentro de la celda. Las jóvenes habían denunciado en reiteradas oportunidades la negación de alimentos y de recibir visitas, entre otros malos tratos por los que solicitaban el traslado a unidades penitenciarias.
El juicio sucede en el contexto de una crisis carcelaria que lleva más de 10 años en Tucumán. A dos años y 6 meses de las muertes de Micaela, Yanet, María José y Macarena, la situación se agravó, alcanzando un nivel crítico de hacinamiento, hechos graves de tortura, malos tratos y falta de acceso a derechos fundamentales. Actualmente el número de personas alojadas en dependencias policiales asciende a más de 2.700, 400% más del número de alojados que había en el año 2015 cuando se promovió el Habeas Corpus colectivo.
