La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará esta tarde emitir dictamen sobre el proyecto de ley por el cual se busca considerar al acoso sexual callejero como delito contra la integridad sexual en el Código Penal y sancionarlo con multas de entre 3.000 y 15.000 pesos
Entre los temas de la agenda feminista que tomaron gran relevancia pública y mediática, está el acoso callejero, una práctica naturalizada por la cultura machista que en los últimos años fue desenmascarada y socialmente rechazada.
Esta tarde, comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que busca penalizar el acoso callejero, al considerarlo un delito contra la integridad sexual. El proyecto, que unifica las iniciativas de las diputadas Olga Rista (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur) y Gabriela Troiano (Socialista), dispone esa multa para quien realizara acciones con connotación sexual “a través de gestos y/o en forma verbal”, que van desde los $3.000 hasta los $15.000.
Estas acciones incluyen las realizadas por una o más personas “basadas en el género, identidad y/u orientación sexual” que tengan lugar en espacios públicos y que de alguna manera afecten a quienes la reciban y generen “intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo”.
En caso de que las personas afectadas fueran menores de 18 años, la multa será de 5.000 a 25.000 pesos y el dinero recaudado será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas públicas de prevención.
La iniciativa había obtenido dictamen favorable en noviembre pasado, pero perdió estado parlamentario con el recambio legislativo de diciembre.
La comisión que preside la radical Gabriela Burgos tratará también un proyecto por el cual se modifica el artículo 128 del Código Penal, respecto de establecer penas por el delito de tenencia de pornografía infantil.
La iniciativa fue aprobada en el Senado por unanimidad el 30 de noviembre pasado, y las sanciones por la simple posesión de material pornográfico infantil, con penas que van desde los tres hasta los seis años de prisión.
Una vez dictaminados, los proyectos quedarán en condiciones de ser tratados en Diputados el proyecto de desburocratización en infraestructura por el plenario de la Cámara.
