Queda poco tiempo para que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación, tal como lo prometió el presidente Alberto Fernández en reiteradas oportunidades.
El 20 de noviembre concluye el año legislativo, por lo que cada minuto cuenta. En ese sentido, se están llevando a cabo diferentes acciones con el fin de visibilizar la urgencia de que la norma se apruebe este año, sin más dilaciones. Y esta semana será desiciva.
Durante la jornada de ayer, un grupo de periodistas que viene elaborando un informe sobre la situación de la salud sexual en el país, difundió una serie de placas con información fundamental para abordar el debate.
“Analizamos los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), y datos de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de Nación“, explicó la periodista tucumana Valeria Totongi.
Para todo el país y provincia por provincia los números de la urgencia. #AbortoLegal2020 Es ahora, es urgente. https://t.co/ELqvxuLCmA
— Claudia Piñeiro 💚 (@claudiapineiro) November 3, 2020
Los datos de Tucumán son preocupantes. En la provincia donde se obstaculizó el acceso a un aborto no punible a “Lucía”, una niña de 11 años embarazada a causa de un abuso sexual, y luego se persiguió a los médicos que realizaron la práctica, cada día cuatro niñas de entre 10 y 14 años, es obligada a parir.
CLADEM considera que obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser calificado como tortura o trato cruel, inhumano y degradante, y según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El aborto no punible está contemplado en el Código Penal desde 1921. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió el fallo conocido como “F.A.L.”, que zanjó definitivamente esta larga discusión, pronunciándose a favor de la interpretación que reconoce el derecho de toda mujer víctima de violación a interrumpir el embarazo originado en tales circunstancias. A su vez, establece que el único requisito para acceder a una interrupción legal del embarazo es que la mujer, o su representante legal, realice una declaración jurada en donde afirme que el embarazo es producto de una violación. No es necesaria la denuncia policial u orden judicial, y nadie puede exigirlas.
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Por otra parte, en relación a la causal de “peligro para la salud o para la vida”, se indicó que debe considerarse una visión integral de la salud como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (Organización Mundial de la Salud). De esta forma, el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la misma, no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada.
Tucumán es una de las pocas provincias que tampoco adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Según la información difundida ayer, por año, hay 2.427 internaciones por aborto inseguro.
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Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. A la vez, la realización de la práctica en condiciones seguras previene muertes, evita complicaciones en la salud de las mujeres y reduce los costos y la demanda de alta complejidad al sistema sanitario.
“Estos datos se desprenden del rubro egresos hospitalarios de la DEIS y las razones sobre los egresos hospitalarios. En el casos de los embarazos están desagregados por edad”, explicó Totongi.
Mañana, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito será recibida por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de suspender dos veces el encuentro.
