Luego de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un horizonte con nuevos desafíos y posibilidades se despliega frente a la ciudadanía y los activismos.
Con la ley, Argentina se convirtió en el país más grande de Latinoamérica en legalizar el aborto y saldó así una de las deudas más grandes de la democracia.
Desde La Nota, conversamos con la abogada feminista Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres, sobre cómo será la implementación en Tucumán, donde una gran parte de los funcionarios públicos se oponen a la ley.
¿Cómo sigue la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo?
Para que la ley se promulgue tiene que publicarse y pasados ocho días si no se veta por el presidente, entra en vigencia. Luego vendrá la reglamentación, pero el derecho a abortar dentro de las primeras 14 semanas ya estará vigente independientemente de esa reglamentación.
La ley en su texto dice que es de orden público, así que no hace falta la adhesión provincial. Como la ley modifica el Código Penal, la descriminalización del aborto es inmediata dentro de las primeras 14 semanas y tampoco se necesita adhesión porque es el Congreso Nacional el que tiene competencias en esa materia.
¿Qué pasa con las mujeres que están presas por aborto?
Las mujeres encarceladas o acusadas de aborto debieran ser liberadas y sobreseídas. Respecto de quienes abortaron dentro del primer trimestre porque ese comportamiento ya no es un delito. Y quienes lo hicieron después de la semana 14, también porque la pena se disminuyó y ahora es excarcelable.
Ante las amenazas de la Senadora Elías de Pérez de judicializar la ley una vez aprobada, ¿qué puede suceder?
El arte de judicializar derechos le pertenece a los conservadurismos religiosos y Neoconservadurismos políticos que, frente a la pérdida del status quo en el devenir democrático, se repliegan al poder judicial para intentar desde allí desarticular derechos conquistados o desmantelar las políticas públicas que los afianzan. Lo hemos visto con el Programa de Salud Sexual, con la Anticoncepción Hormonal de Emergencia y con el aborto no punible a través de la judicialización de protocolos. En este caso, sin duda arremeterán contra la IVE, pero veo muy difícil encuentren legitimación para acciones genéricas. De todas formas, como el poder judicial también cuenta con activismo anti derechos entre sus huestes, estamos preparadas para dar esta pelea.
Es importante recalcar la falta de respeto a la democracia y al sistema republicano que supone desoír las mayorías legislativas cuando el resultado de la ley no coincide con las preferencias morales de un sector. Pero ahora somos status quo nosotras, y hay una legitimidad democrática en el derecho a abortar que será difícil revertir por más representación de la vida fetal que intenten.
¿Cuál va a ser el rol de los activismos en la implementación?
El rol de los activismos feministas va a tener que ir en dos direcciones. Por un lado, difundir el derecho a abortar. A veces pensamos que todas las mujeres conocen sus derechos y parte de la ciudadanía debilitada es no saber con qué derecho cuento y por lo mismo, no saber cuáles son las herramientas para exigir que se respete ese derecho. El activismo en ese en ese sentido, tiene que hacer que una mujer que va a la maternidad y que exige una interrupción voluntaria del embarazo, sepa que, si no encuentra un equipo de salud dispuesto a respetar su autonomía y a garantizarle el acceso a la prestación médica lícita, tendrá que buscar una abogada que la acompañe, como ha venido pasando con la interrupción legal del embarazo, que el año que viene va a cumplir 100 años. Igualmente encontramos obstáculos, obstrucciones y barreras.
Otra parte del activismo, en el campo de la abogacía va a tener que resistir los embates de la judicialización conservadora, que se pueden dar en el campo nacional y también en el campo provincial. No solamente a través de acciones de inconstitucionalidad genérica, sino expresadas también a través de efectores de la salud que pueden servirse de su lugar de poder para contribuir a la biopolítica de la maternidad forzada, que es lo que esta ley viene a combatir.
Por último, con la incorporación de la objeción de conciencia, ¿qué opinas al respecto y como se deberá trabajar ese tema?
Me parece que el tema de la objeción de conciencia está bien regulado dentro del proyecto. No estaba en el proyecto de la Campaña por el uso espurio que se le da a esta herramienta, que era más que para defender las conciencias del personal de salud, para imponer la conciencia de ellos en la vida de otras personas. Que, en la interrupción legal del embarazo, la objeción de conciencia, no esté regulada, termina siendo una herramienta política sumamente violenta. El hecho de que esté dentro del proyecto me parece que está bien porque tiene limitaciones y al mismo tiempo no está contemplada la objeción de conciencia institucional, lo cual me parece que recoge una exigencia feminista producto de la experiencia en el acompañamiento de casos.
Las activistas tendremos que trabajar en acompañar a desarticular los obstáculos que crea una objeción descontrolada y sin supervisión estatal. Ahí radica el problema de la objeción de conciencia, cuando el Estado no se hace cargo de que es una herramienta que supone un privilegio para la parte fuerte de la relación sanitaria. Y lejos de controlar que ese lugar de poder no se abuse de la autonomía de la paciente, mira para otro lado y habilita en los hechos que retire de la oferta sanitaria prestaciones médicas lícita. Nuestra tarea va a estar en llamar la atención estatal para que cumpla con su cometido de supervisar que la objeción de conciencia no se vuelva una maldición.
