Así lo expresó en el debate sobre despenalización del aborto, la socióloga Florencia Maffeo quien planteó la necesidad de que se sancione la ley. Expuso sobre sus aprendizajes y reflexiones como socióloga que investiga sobre el sistema de salud, desde la UNSAM y FUSA, pero también, desde su experiencia acompañando a mujeres en situación de aborto.
Buen día a todas y todos. Agradezco tener la posibilidad de hablar en este debate, y espero poder compartir algunos de los aprendizajes y reflexiones que he hecho como socióloga que investiga sobre el sistema de salud, desde la UNSAM y FUSA, pero fundamentalmente por mi experiencia acompañando a mujeres en situación de aborto, y como parte del movimiento feminista, al que pertenezco por ser miembro de la colectiva feminista Conurbanas, y en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito. Estas palabras son producto de reflexiones conjuntas en estos espacios.
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito tiene efectos en la vida de las mujeres, tanto en lo que tiene que ver con la salud y la disminución de la morbimortalidad materna, como a nivel simbólico y subjetivo.
Los abortos existen, como ha quedado demostrado en las diferentes exposiciones. Las personas con capacidad de gestar abortan por múltiples razones, bajo su propia conciencia y moral, que no es lo que está en discusión aquí, ya que el Estado no puede imponer una moral única sino que tiene la obligación de legislar sobre políticas públicas que garanticen derechos.
La legislación actual, al plantear el aborto permitido como una excepción de no punibilidad, no es interpretada desde la mayoría de la población como un derecho real, si bien el fallo FAL y la Guía de Interrupciones del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación lo han considerado de esta forma, a partir del trabajo del movimiento feminista y profesionales de la salud comprometidos/as con los derechos, en oposición a quienes obstaculizan y niegan derechos con interpretaciones maliciosas. De acuerdo a un monitoreo social que realizamos desde FUSA y católicas por el derecho a decidir en el año 2015, la mayoría de las mujeres que encuestamos, usuarias del sistema de salud público, no sabían que podían acceder a una interrupción del embarazo bajo las causales violación o riesgo para la salud o la vida. Además, la mayoría manifestó que ante una hipotética situación de aborto, no recurriría al sistema de salud por miedo a ser juzgadas o denunciadas por los profesionales de la salud.
Hoy en día, para que una persona que decide abortar pueda acceder a un aborto no punible (ANP) o interrupción legal del embarazo (ILE), como es nombrado en el protocolo del Ministerio de Salud del año 2015, las personas deben atravesar múltiples situaciones de maltrato y violencia institucional, de acuerdo al lugar dónde viven, su edad, estado de salud (física, psicológica y social), identidad sexual, clase social, país de nacimiento, neurodiversidad, discapacidad, etc. Esta violencia institucional se basa en la negación de las ILE, o su obstaculización y dilación de la práctica.
Para acceder al sistema de salud, las personas con capacidad de gestar, en su mayoría mujeres heterosexuales, deambulan por múltiples instituciones, llevando a la producción de una ruta crítica. Este concepto, utilizado habitualmente para hablar de violencia de género, es traspolable al aborto, y lo utilizo, para “denunciar falencias en las respuestas institucionales y ejercer reclamos en pos de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (Teodori, 2015: 69). Ya que la negación del Estado a que una parte de la población no pueda ejercer su libertad reproductiva, y sobre todo, a llevar adelante su proyecto de vida, de una vida digna, como sostienen los Tratado de Derechos Humanos, constituye violencia, que se legitima cuando el Estado no sanciona a aquellos profesionales de la salud que con sus prácticas violentan y torturan a las personas que llegan a sus servicios solicitando atención, tanto de una ILE como cuando llegan con abortos en curso, ni capacita a los profesionales para que trabajen desde un paradigma de derechos humanos
Esta ruta crítica se delinea en el paso por diferentes servicios, organismos e instituciones, así como también organizaciones sociales. Hay mujeres que pasan hasta por cuatro servicios de salud diferentes, otras llegan a consultorios de dudosa seguridad higiénica, otras caen en organizaciones de quienes se hacen llamar “provida” dónde primero les dicen que las van a ayudar, las engañan con una promesa de aborto, para luego tomar sus datos, acusarlas de asesinas, pasarles videos mentirosos y nefastos y hostigarlas telefónicamente durante meses, lo que provoca altos niveles de angustia.
Hoy en día existe mayor información sobre aborto con medicamentos, lo que se evidencia además en la menor cantidad de internaciones hospitalarias, como se ha expuesto en este debate. Sin embargo, el acceso al misoprostol, denominado por la OMS como un medicamento esencial, es muy difícil, por diferentes motivos. Existen provincias en las que su venta está prohibida, no en todas las farmacias lo venden y/o ponen requisitos ridículos, como la “receta rosa” que en Pcia. De Bs. As se usa para los psicofármacos. Además su precio es cada vez más alto, lo que lleva a muchas mujeres a hacer abortos con mayor riesgo por el tiempo en que demoran en juntar la plata para comprar el fármaco.
Esta ruta crítica es más difícil cuando las mujeres están viviendo una situación de violencia conyugal. El embarazo es un factor que suele iniciar o incrementar la violencia, por lo cual estas mujeres corren más riesgos. Los violentos usan el embarazo tanto para querer ejercer mayor control sobre la mujer, cómo también para hostigarla y denigrarla, amenazando dejarlas solas con el embarazo, etc. Así también sucede en la violencia de padres a hijas, que son amenazadas de ser echadas de la casa si quedan embarazadas, por lo que se ven empujadas a abortar a escondidas por miedo a las represalias.
Una ley de IVE no sólo ayudaría a contener estas situaciones con profesionales de la salud capacitados/as, sino reconocernos a las mujeres como sujetos de derechos. Porque la escucha activa de los profesionales de la salud hace la diferencia en que esa mujer sea respetada en su decisión de parir o abortar. Esta ley es uno de los eslabones que faltan, uno de los más importantes, para el reconocimiento de la autonomía. El Estado no puede seguir tutelando la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Necesitamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo para mejorar la calidad de vida de la población, y para reconocer como ciudadanas plenas a aquellas personas que hoy en día pueden gestar. La prohibición del aborto, como ya se ha dicho en anteriores debates, no sólo incumple con diversos tratados y Pactos de Derechos Humanos, sino que además va en contra a lo dispuesto en leyes sancionadas por este mismo Congreso de la Nación, y que se han convertido en un modelo, como la Ley 26.485, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, en el artículo 3 especifica los derechos a una vida sin violencia y sin discriminaciones; a la salud y la seguridad personal; a la integridad física, psicológica, sexual, que se respete su dignidad, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado, a recibir un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización, y el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos. Además, la penalización del aborto va contra la ley de derechos del paciente, que sostiene en su artículo 2, los derechos a la asistencia sin distinción ni discriminación, al trato digno y respetuoso, a la confidencialidad y la intimidad, a la autonomía y a la información.
Diputados, diputadas, hoy tienen la posibilidad histórica de reconocer un derecho que se nos ha sido negado desde el Estado sistemáticamente, en el camino que tenemos de construir una sociedad más justa y libre de violencias machistas, que respete la decisión de cada una de cómo construir su proyecto de vida.
