En el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (regional Tucumán) y Ni Una Menos Tucumán se concentraron frente al Sistema Provincial de Salud para exigir que se cumpla la Ley 27.610. El reclamo coincide con un informe nacional de Proyecto Mirar que advierte que la retirada del Estado nacional profundizó las desigualdades entre provincias.

Este lunes 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (regional Tucumán) y el colectivo Ni Una Menos Tucumán realizaron una conferencia de prensa en las puertas del SIPROSA. Allí presentaron un pedido de acceso a la información pública sobre el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) en la provincia, basado en los testimonios y denuncias que, según afirmaron, reciben a diario.

Las organizaciones describieron una “situación de emergencia” en el acceso a la salud sexual y reproductiva en la provincia.

Consejerías sin pastillas

El primer eje de la denuncia es la falta de medicación. Según las organizaciones, el Gobierno provincial no garantiza la provisión suficiente de misoprostol y mifepristona, por lo que los medicamentos no están disponibles en todos los servicios de salud.

En muchos Centros de Atención Primaria (CAPS) se hacen consejerías, pero las personas no reciben allí la medicación para concretar la práctica. Eso genera derivaciones y demoras que afectan sobre todo a quienes tienen menos posibilidades de trasladarse de un efector a otro.

El problema se agrava cuando el embarazo se acerca a las 14 semanas o cuando la práctica requiere internación. Entre los efectores que hoy realizan interrupciones, las organizaciones mencionaron el Hospital Eva Perón, la Maternidad, el Hospital Avellaneda y los hospitales de Monteros y Concepción. Advirtieron que todos presentan faltantes de medicación, trabas administrativas y demoras injustificadas. También recibieron denuncias sobre pedidos de estudios que no corresponden al proceso de atención, y sobre conflictos y persecución hacia profesionales que garantizan la IVE, especialmente en el Hospital Avellaneda.

“Nosotras no hacemos IVE a las 14 semanas”

El caso que más preocupa a las organizaciones es el circuito de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, donde según relevaron las demoras pueden llegar a ocho semanas.

Relataron el caso de una paciente que llegó con seis semanas de embarazo. Le pidieron una ecografía, lo que demoró cerca de cuatro semanas. Cuando volvió con el estudio, le pidieron otra ecografía que no era necesaria para una IVE. Llegó así a las 14 semanas sin haber accedido a la práctica, y en la Maternidad le respondieron: “Nosotras no hacemos IVE a las 14 semanas”.

La Ley 27.610 establece el derecho a interrumpir el embarazo por decisión propia hasta la semana 14 inclusive, y fija un plazo máximo de diez días corridos entre la solicitud y la realización de la práctica.

Anticonceptivos, preservativos y sífilis

La denuncia también abarca la provisión de anticonceptivos y preservativos. Según las organizaciones, los faltantes se agravan por circuitos administrativos y de control que no todos los efectores pueden cumplir, lo que interrumpe la continuidad de los métodos. Además, alertaron por la situación de la sífilis: señalaron que muchas pacientes llegan con cuadros avanzados por falta de controles previos.

Entre sus exigencias al Estado provincial, las organizaciones pidieron: garantizar la IVE/ILE sin demoras en todo el territorio; asegurar la medicación en los efectores de cada localidad y de los barrios del área metropolitana; eliminar requisitos que no corresponden; investigar las denuncias, particularmente en la Maternidad; respetar a los profesionales que cumplen la ley; garantizar la provisión regular de anticonceptivos y preservativos; fortalecer la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual; crear mecanismos de seguimiento que permitan saber cuántas personas solicitan una interrupción, cuántas acceden y cuántas abandonan el sistema sin resolución.

El mapa nacional: menos Estado, más desigualdad

El reclamo tucumano coincide con la publicación del Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por proyecto mirar (CEDES e Ibis Reproductive Health). El informe concluye que, a casi seis años de la sanción de la ley, el acceso al aborto “sigue en pie”. Sin embargo, advierte que el abandono del Ministerio de Salud de la Nación de su rol de rector y proveedor de insumos generó “un enorme desbalance” en la capacidad de las provincias para responder.

En 2025 se realizaron 87.603 abortos en el sector público de 20 provincias, sin cambios significativos respecto de 2024. Ante la decisión de Nación de dejar de comprar insumos para los servicios de aborto, 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio. Tucumán no figura entre ellas. Tampoco está entre las 16 jurisdicciones que respondieron los pedidos de acceso a la información pública de proyecto mirar: sus datos se completaron con la información de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Según esa fuente, en Tucumán se realizaron 2.417 interrupciones en 2025, en 20 efectores públicos. La provincia tiene 4 efectores cada 100.000 mujeres en edad fértil, la segunda tasa más baja de las 19 provincias con datos, solo por encima de Chaco (2). Río Negro, en el extremo opuesto, tiene 72.

El reporte también documenta el desfinanciamiento de la anticoncepción. Entre 2023 y 2026, el gasto del programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable cayó un 57%. Las mujeres protegidas con métodos provistos por Nación pasaron de más de 1,2 millones en 2024 a 63 mil proyectadas para 2026, una caída del 93%. Según estimaciones del informe, estas decisiones implican 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos evitables, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales que podrían haberse evitado.

Los monitoreos de la sociedad civil incluidos en el reporte muestran un panorama similar en el norte. En Salta, según Amnistía Internacional, se concentró el 46% de los reclamos por falta de medicación a la línea 0800 Salud Sexual. En Santiago del Estero, Mujeres x Mujeres registró que solo tres hospitales dan acceso a la IVE/ILE y que a 8 de cada 10 mujeres encuestadas se les negó un anticonceptivo por falta de insumos. A nivel nacional, los reclamos de niñas y adolescentes ante Amnistía crecieron un 306% en 2025.

Mortalidad materna en alza

El informe registra además que la razón de mortalidad materna aumentó un 37% en 2024: pasó de 3,2 a 4,4 cada 10.000 nacidos vivos, con 183 muertes frente a 147 del año anterior. En cambio, las muertes por aborto se mantienen estables, y las defunciones por abortos médicos se redujeron a la mitad en el trienio posterior a la sanción de la ley respecto del anterior.

En el plano político, el reporte señala que la crítica al aborto volvió a la agenda del Gobierno nacional. Lo ubica en la adhesión al Consenso de Ginebra, el 13 de agosto de 2026, y en las declaraciones del presidente Javier Milei en el Council of the Americas. Aclara, de todos modos, que el Consenso no es un tratado vinculante y que la Ley 27.610 sigue plenamente vigente. De las 38 causas judiciales presentadas contra la ley desde su aprobación, 35 fueron rechazadas y 3 siguen en trámite ante la Corte Suprema.

“El acceso a la salud sexual y reproductiva es un derecho. No puede haber un circuito de obstáculos allí donde la ley establece una obligación de garantizar atención“, sostuvieron las organizaciones tucumanas, que cerraron la jornada con la consigna histórica de la Campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.