En la séptima audiencia de debate por la legalización y despenalización del aborto en el Congreso de la Nación participó la abogada feminista Alejandra Iriarte. Ella es tucumana, y en su ponencia hace referencia a la necesidad de que se garantice el acceso al aborto seguro de manera equitativa a lo largo y ancho del país. Compartimos su ponencia completa.
Obviamente no puedo hablar de aborto si no es desde mi experiencia personal, que está mediada por mis privilegios en tanto mujer bisexual, blanca, de clase media, universitaria, abogada y tucumana. Sin embargo, en esta exposición voy a tratar de plantear algunos puntos que forman parte de las largas discusiones sobre aborto que tuvimos en los encuentros de género de la organización Mujeres en Rebelión del barrio Ramón Carrillo y Villa Fátima de Villa Soldati.
En este sentido creemos que es fundamental destacar que no solo abortamos las mujeres heterosexuales sino también las lesbianas, las masculinidades trans y las trans no binarias. Identidades a las que queremos hacer presentes en este debate. Porque algo que nos viene preocupando es que se haya excluido de la discusión a los cuerpos con capacidad de gestar que no son de mujeres heterosexuales, reproduciendo una mirada binaria y biologicista.
De todas formas conversando con las compañeras de Soldati concluimos que lo que sí nos une a todas las personas que abortamos es el silencio. Durante años de nuestros abortos no hablamos, ni en las villas ni en los countries, ni las mujeres heterocis ni los varones trans. Abortamos con más o menos riesgos, pero lo hicimos a escondidas. Porque tuvimos miedo, al castigo real y al simbólico. Incluso a mí me sigue costando decirlo entre mis amigas más cercanas o responderle que sí a la ginecóloga cuando me pregunta si tuve algún embarazo. Así nos negaron el derecho a cuidarnos entre nosotras, a acompañarnos y a aconsejarnos.
¿Porque quién sabe más y mejor como abortar que una compañera, una amiga o una madre que ya abortó?
Por eso lo que dramatiza al aborto es el estigma que lo rodea, el miedo a la sanción penal, social o familiar; estigmas propios de un esquema cultural valorativo capitalista y patriarcal, con enorme influencia de la iglesia católica y sus valores morales. Por eso estas discusiones tienen tanto ver con la necesidad de la laicidad del Estado Argentino.
Sin embargo, la despenalización del aborto y el acceso al aborto legal no es una cuestión de valores morales, ideas filosóficas o creencias religiosas. Es una deuda pendiente del Estado Argentino en materia de salud pública, derechos humanos y de justicia social.
Y entonces, por mi formación como abogada puedo afirmar que, como ya se ha repetido acá, impedir el acceso al aborto voluntario mediante la penalización de un procedimiento médico que solo determinadas personas necesitan constituye una práctica discriminatoria, y como tal una violación a la constitución nacional y a los tratados de derechos humanos.
En la provincia de Tucumán, de donde soy a pesar de que hace varios años vivo en Buenos Aires, la posibilidad de la sanción penal es la que traza una brecha entre quienes podemos abortar por fuera del sistema público de salud; y quienes no pueden, y se ven expuestas al riesgo de ser perseguidas por el sistema penal.
La criminalización de Belén, y los dos años que pasó presa, son un claro ejemplo. El derecho penal sigue apareciendo como una herramienta para expresar y controlar los cuerpos gestantes.
Esta es la información que pudimos hacer pública en el libro “Jaque a la Reina. Salud, Autonomía y Libertad Reproductiva en Tucumán” con Soledad Deza y Mariana Álvarez. Entre los años 2003 y mediados de 2012 se radicaron un total de 282 denuncias por aborto en la justicia tucumana. De acuerdo al régimen de punibilidad consagrado en nuestro derecho, no es punible, obviamente, el aborto natural o espontáneo. Sin embargo, en el periodo mencionado, 22 mujeres fueron denunciadas por “aborto natural” y “aborto espontáneo”.
Frente a estos datos, con las compañeras nos preguntamos: ¿qué es lo que se busca en estos casos? ¿Cuál es el fin de la norma? ¿Señalar que en todos los casos lo que debe ser protegido es el embrión? ¿Aún en un caso de aborto espontáneo? ¿O lo que se busca es castigar a los cuerpos gestantes para disciplinarnos?
Y nos respondemos que es tan descabellado como si se castigara a una mujer por una peritonitis.
Pero luego recordamos que así de ridículo como parece, es lo que le pasó a una compañera de Villa Soldati a quien hace unos años se negaron a tratar en el Hospital Piñero cuando llegó con un cuadro de apendicitis. Los médicos alegaban que había abortado. La compañera tenía 14 años y no había tenido relaciones sexuales con ningún varón hasta ese momento. Sin embargo, le hicieron tacto vaginal y no le creyeron. Estaba menstruando y con dolores fuertes.
Una mujer joven, de la villa, con hemorragias… ¿Qué otra cosa podía ser sino un aborto? Una vez más, los cuerpos femeninos considerados únicamente en su función reproductiva, y como tales perseguidos y estigmatizados.
En el mismo Hospital el año pasado, a Camila, la hija de una compañera de la organización Mujeres en Rebelión, se negaron a atender al llegar con complicaciones por un aborto. Camila estuvo sola esperando durante largas horas a ser atendida con más de 40 grados de fiebre y fuertes hemorragias.
Entonces ¿Cómo podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo, si por detrás está el código penal y el sistema de salud amenazándonos con una sanción y con dejarnos morir; e incluso diciéndonos que algunas pueden ser castigadas a raíz de un aborto espontáneo o de una apendicitis?
Por eso es necesario dar un mensaje claro, dejar de cargar de valores morales a una práctica médica y a una decisión autónoma de las personas con capacidad de gestar. De lo contrario este tipo de situaciones absurdas van a continuar sucediendo, a costa de la salud y la dignidad de las mujeres, las lesbianas y las masculinidades trans, quienes frente a este contexto punitivo terminan optando por prescindir del sistema de salud.
Hasta ahora, lo que nos salvó fue la organización en redes, la militancia diciendo que de aborto SI se habla y la democratización de la información sobre aborto medicamentoso, que brindó la posibilidad de abortar por fuera del sistema médico hegemónico y de la amenaza de la sanción penal. El misoprostol nos dio la posibilidad de abortar en nuestras casas, con nuestras amigas, fuera del circuito de la clandestinidad y el miedo.
Así, en el caso de Camila lo que el sistema de salud no se esperaba es que su mamá no estuviera sola, lo mismo en el caso de Belén, donde el movimiento feminista la rescató del absurdo de la cárcel.
En este contexto, celebramos esta discusión que pone el aborto en el centro de la escena pública y política, pero no puede quedar en este intercambio de ideas, sino que el Congreso debe legislar de modo urgente en pos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional, así como el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad.
En este sentido, y desde mi corazoncito tucumano, creo que es imprescindible que la despenalización del aborto vaya acompañada de una ley de orden público de aplicación obligatoria en todas las provincias, a través de la cual se garanticen los presupuestos mínimos de acceso al aborto seguro de manera equitativa a largo y ancho del país. Este punto es fundamental a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden limitarse al cruzar la General Paz.
Por eso, si bien la organización de mujeres, lesbianas, travestis y trans salvan vidas y permiten acceder al aborto seguro, necesitamos del marco jurídico que nos acompañe. Necesitamos vencer el miedo a la clandestinidad. Necesitamos que las posibilidades de Camila en Soldati, de Belén en Tucumán y de los chicos trans que abortan, sean iguales a las mías, a la de mi mamá y a las de mi abuela.
Sabemos que la ley por sí sola no lo va solucionar, pero junto a la ley va a estar el movimiento feminista organizado, para exigir que se respete y se cumpla.
