El domingo 12 de agosto se cumplió un año del transfemicidio de Ayelén Gómez. Su muerte puso al descubierto la violencia estructural a la que está expuesta el colectivo trans y travesti, tanto en Tucumán, como en el resto del país. En la causa, caratulada como homicidio simple, hay un solo detenido, quien está con prisión preventiva. Se sospecha que participaron más personas por el nivel de ensañamiento que su cuerpo había sufrido.
Desde Andhes, organización querellante de la causa, junto a otras organizaciones, realizarán una presentación para que el Estado cree un registro de casos de travesticidios y transfemicidios donde se contempla el caso de Ayelén, el de Cynthia Moreira y el de Lourdes Reynoso, quienes fueron asesinadas en los primeros meses de 2018. La presentación se realizará ante el Ministerio Público Fiscal, Oficina de la Mujer del Poder Judicial, Secretaría de Gestión de Estadística de la Corte y ante la Oficina de DDHH y Justicia de la Corte.
Identificar estos crímenes permite reconocer “las particularidades de los crímenes perpetrados en ellas, sin perder de vista las cuestiones estructurales, sociales y sistémicas que hacen de esas vidas y de esos cuerpos, cuerpos y vidas vulnerables”, explica el documento presentado por Andhes.
Antes de que el femicidio fuera una figura penal reconocida, el registro de los crímenes era llevado adelante por organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo ocurre con los transfemicidios y travesticidios. La información con la que se cuenta es la que dan los medios de comunicación, que termina siendo incompleta y probablemente, imprecisa. Tal como pasó en el caso de Ayelén, donde en los primeros titulares se hablaba en masculino, en muchos casos las muertes o desapariciones de mujeres trans y travestis no se encuentran debidamente cubiertas. Por ello, además de proponer la creación de un Registro oficial, desde Andhes sugieren la incorporación de la categoría TRANSFEMICIDIO/TRAVESTICIDIO en los casos de homicidios de mujeres trans o travestis.
Estos crímenes, son “la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, sanitario y del mercado laboral, la iniciación temprana en el trabajo sexual, el riesgo permanente de contraer enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la perversión y la violencia policial”, explica Blas Radi y Alejandra Sardá Chandiramani en Travesticidio/ Transfemicidio: Coordenadas para pensar los crímenes de travestis y mujeres trans en Argentina.
Desde La Nota, conversamos con Martín González, abogado de Andhes, quien explica que “la diferencia está basada en la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren las mujeres trans. Por el hecho de ser mujeres y renunciar a sus privilegios de ser varón, empiezan a ser primero expulsadas en sus casas, expulsadas y discriminadas en el sistema educativo, y eso ya las condena lamentablemente a no tener posibilidades. Todas esas estructuras las van expulsando y quedan expuestas al punto de trabajar con el cuerpo y en la clandestinidad”.
La noche es clandestinidad. Donde hay abusos de la policía, de los fiolos, de los clientes. Porque donde no interviene el estado e interviene la clandestinidad, pasan estas cosas y mueren ahí, en manos de varones, como es en la gran mayoría de los casos. “Se puede identificar una masculinidad correctiva, detentando poder sobre esos cuerpos feminizados, que transmiten un mensaje que es simple decodificar en los cuerpos violentados”, continúa explicando González. Como Ayelén, que murió por asfixia mecánica por sofocación. Tenía tierra en la garganta. Su cuerpo estaba desnudo, marcado por la violencia machista.
“La estrategia es visibiliar estos casos, independientemente del juicio”, afirma González. “Lamentablemente la madre de Ayelén ya no la tiene a ella, lo que pidió es que todas las acciones que se lleven adelante sean favorables para la comunidad trans. Entendemos que necesitamos otras acciones para cambiar el sistema. Tener un registro permitirá tener números y que impacten en las políticas públicas de la provincia”, sostuvo el abogado. Ante la violencia estructural, es necesario incidir en otros campos que no sean solo el judicial, como en lo laboral, el acceso a la salud, o a la educación.
Mientras el debate sobre el aborto copaba los noticieros y las páginas principales de los diarios, el 18 de junio se conoció la primera sentencia por travesticidio, cometido hacia la referente Diana Sacayán, una de las impulsoras de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
Este jueves, el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán presentará en el Congreso nacional el proyecto de ley de cupo laboral travesti-trans en la administración pública nacional. El Estado argentino tiene una nueva oportunidad para saldar las deudas con la comunidad travesti/trans. A veces la justicia llega de la mano de la ampliación de derechos.
El caso de Ayelén destapó una realidad que acecha día a día a las mujeres trans, quienes, en su mayoría, son expulsadas desde muy temprana edad de sus entornos familiares, quedando así excluidas de todo el sistema social. En forma sistemática e institucionalizada, su identidad y su cuerpo han sido utilizados como pretextos para la negación de derechos y el acceso a la condición plena de ciudadanía.
Tucumán no es la misma que hace un año atrás. A pesar de que la violencia y la realidad para la gran mayoría de las mujeres trans de la provincia continúa siendo la misma, sin contar con una ley de cupo laboral trans, son ellas quienes se empoderaron y están dando batalla, cuerpo a cuerpo, contra un sistema que las excluye. Pero no están solas, porque, finalmente, el conjunto de las organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos, están a su lado.
Hoy Ayelén es sinónimo de lucha.
