Los delitos sexuales perpetrados durante la dictadura cívico-militar estuvieron silenciados durante décadas. Comenzaron a conocerse de a poco, como casos sueltos, ante los tribunales, pero desde 2010 se investigan como crímenes específicos de lesa humanidad.
A 44 años del Golpe de Estado Cívico-Militar, desde Ni Una Menos Tucumán tomaron la violencia sexual contra las víctimas durante la última dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina parta resaltar y reflexionar sobre lo que esas prácticas significaron para los cuerpos de las mujeres y varones que la sufrieron.
“Es una manifestación exacerbada de las formas más burdas de discriminación y desigualdad existentes en la sociedad”, sostuvieron y agregaron: “estas prácticas tuvieron un sesgo machista, de dominación patriarcal, consecuencia de la situación de histórica posición de subordinación de la mujer al hombre”.
En 2010, por primera vez en la Argentina se dictó una condena por delitos sexuales. Fue durante el Juicio de la Verdad, en Mar del Plata, cuando se lo condenó a Gregorio Molina por violación. Fue un giro en la historia de los juicios de lesa humanidad y también en la reparación de las víctimas.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer cifras del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia vinculadas al juzgamiento de los delitos sexuales cometidos en la última dictadura. Las agresiones sexuales cometidas en centros clandestinos consistieron en violaciones, abusos, abortos forzados, desnudez, tocamiento. La Procuraduría señaló que a marzo de 2019, solamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos (26 de 219). En esos fallos, se reunieron los casos de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.
“Fueron las mujeres las que más sufrieron violencia sexual y violaciones sistemáticas durante el terrorismo de Estado. Sus cuerpos se convirtieron en el campo donde los militares libraron su “batalla”, dice el texto que compartieron en redes sociales.
En diciembre del 2012 Susana Chiaroti, integrande del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), declaró como testigo experta sobre delitos sexuales en la dictadura en la megacausa Arsenales de Tucumán. Por primera vez se habló de los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad en la provincia.
“Es un delito que merece ser autonomamente investigado y casigado para garantizar una verdadera igualdad en el goce y ejercicio del derecho a la reparación integral”, sostienen desde Ni Una Menos.
Quienes sobrevivieron a los centros clandestinos de detención, denunciaron la violencia sexual, “pero la ceguera de género impedía que los tribunales y fiscalías pudieran verlos como delitos autónomos.”
La reapertura de los juicios de lesa humanidad abrió la oportunidad de visibilizar esos delitos para poder juzgar y sancionar a los responsables.
“La reparación de las víctimas de violencia sexual durante la dictadura cívico-militar debe incluir la condena de los victimarios, además de medidas que apunten a prevenir la repetición de esos hechos”, finaliza el comunicado.
