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El hacinamiento del sistema carcelario de Tucumán llega el 395%
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A través de un fallo de la Corte Suprema de Tucumán, se ordenó desalojar los presos de la comisaría 11 y la ex Brigada de Investigaciones. 

La situación de las comisarias y penales de Tucumán colapso hace tiempo. Ya en 2015, la Fiscal Adriana Giannoni y el Fiscal Diego López Ávila habían presentado un hábeas corpus correctivo denunciando la emergencia en el Penal de Villa Urquiza y en otras sedes policiales.

La semana pasada, el tema volvió a tomar relevancia luego de un motín en la seccional 11ª, durante el cual los internos denunciaron las malas condiciones en las que estaban alojados.

“Éramos más de 30 en el calabozo. Ese día nos amotinamos porque no aguantábamos más. No teníamos agua; el baño estaba trancado y los chicos se estaban enfermando”, había explicado Enzo Ojeda, uno de los alojados en esa seccional. La capacidad de los calabozos era de 8.

La Dirección Técnica de Arquitectura, Obras y Servicios del Ministerio Público, después de inspeccionar esa dependencia, señaló en un documento: “no es apta para el alojamiento de personas privadas de su libertad, como asimismo el sistema cloacal está colapsada y ocasiona el contacto directo de los detenidos con los efluentes cloacales, (y se recomienda) la clausura del arresto”.

Los peritos señalaron además: “las condiciones edilicias son “inadecuadas y existe un incumplimiento de normas higiénicas sanitarias en base a la Ley 19.587, advirtiendo el riesgo eléctrico para el personal policial y los detenidos”.

Un profesional del Cuerpo Médico Forense también revisó a los 21 detenidos. En su informe señaló que encontró a varios de lesiones corporales, otro que tenía quemaduras y en otros cinco, forúnculos diseminados en diferentes partes de sus cuerpos. “Esta última patología posiblemente esté vinculada con las malas condiciones de alojamiento, a saber, hacinamiento, falta de higiene en las instalaciones, (lo) que se vio agravado por el colapso de las cloacas que inundaron con aguas hervidas el lugar de detención”, denunció.

La Alcaldía de la ex Brigada de Investigaciones también fue inspeccionada. Allí, según informó Giannoni, encontraron 88 detenidos, cuando en realidad está habilitada para alojar a unas 22 personas privadas de su libertad.

A través de un fallo del máximo tribunal, se ordenó que la seccional 11ª y la Dirección de Investigaciones sean clausuradas para el alojamiento de detenidos. Además, le otorga un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que habilite la unidad 10 del Servicio Penitenciario. Allí deberán ser alojados los detenidos con prisión preventiva firme y, de esa manera, descomprimir las seccionales 1, 4, 8, 12 y 13.

Ante esta situación, el gobernador Juan Manzur ordenó el inmediato traslado de los detenidos que actualmente se encuentran alojados en la comisaría 11 y en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Tucumán. Además, volvió a nombrar la ampliación del Penal de Villa Urquiza y anunció que se construirá una cárcel federal con fondos nacionales.

“Se tomó la decisión de mudar a detenidos que estaban en la Comisaría 11 y en la Dirección General de Investigaciones hasta que finalicen las refacciones en esas dependencias y se habilite el Pabellón 10 de Villa Urquiza, que servirá para descomprimir la situación que hoy presentan las comisarías de la provincia. Luego se avanzará en la remodelación del resto de las dependencias policiales”, afirmó el fiscal de Estado de la Provincia, Daniel Leiva.

Por su parte, el ministro de Seguridad Maley sostuvo que desde el Ministerio de Seguridad se trabajó en un proyecto para la construcción de un complejo de alojamiento temporario de detenidos. “Es un complejo de 5 plantas con capacidad para albergar a 450 personas. Fue diseñado teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que requiere la situación y además contarán con gabinetes interdisciplinario y sanitarios. De avanzar en este proyecto se descomprimiría mucho la situación de los detenidos en las comisarías”, afirmó.

El 27 de marzo, el poder Ejecutivo deberá presentar un plan que contenga un diseño integral para lograr el aumento de las plazas carcelarias al 2020, como así también un detalle de los mecanismos de control intra penitenciario para la seguridad de las personas privadas de la libertad y personal penitenciario.

   

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