El 3 de febrero, Yolanda Vargas enfrentará un juicio donde es acusada por abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo, un cargo que puede implicar más de 20 años de prisión. Cuatro días más tarde se cumplirá un nuevo aniversario de la tragedia que se cobró la vida de sus hijos y por la que es culpabilizada.
El 9 de febrero del 2021, Yolanda Vargas perdió a sus dos hijos, Melani y Thiago, de 4 y 6 años. Murieron en el incendio de su vivienda, una casilla de madera del asentamiento de Las Palmeras, Colonia Santa Rosa, Orán, Salta. Ese día, en medio de la pandemia por COVID-19 y aún con el aislamiento social vigente, Yolanda salió de su casa a comprar para cocinarle a sus hijos. Trabajaba haciendo changas, la forma que tenía de resolver su economía como jefa de hogar y única responsable de sus hijos.
La casilla donde vivía con sus dos hijos era una precaria construcción de madera con alguna instalación eléctrica. La noche anterior había llovido, las calles de tierra estaban inundadas, por lo que decidió salir sin sus hijos. Un cortocircuito ocasionó un incendio en la vivienda que rápidamente se propagó y se cobró la vida de los dos niños.
Yolanda fue obligada a declarar en estado de shock en la comisaría local. Fue detenida inmediatamente y por 23 días, cuando producto de una importante movilización el juez de la causa, Federico Oyarzú, rechazó el pedido de prisión preventiva.
Le impidieron velar a sus niños. Ese día, fue llevada por 6 agentes penitenciarios que no le permitieron siquiera acercarse al cajón. Pasó la primera parte de su encarcelamiento en el “chancho”, la celda de “castigo” del penal de mujeres de Orán, por “mala madre”.
Desde aquel día, Yolanda enfrenta una causa judicial impulsada por la Fiscal Claudia Carreras de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas del Departamento de Orán.
La defensa de Yolanda, actualmente a cargo de Luciano Camaño y Alberto Díaz Aranda, acompañada por una importante movilización que tomó alcance nacional, denuncian que se trata de una causa armada que criminaliza la pobreza. Además, denuncian que el mismo Estado que hoy persigue a Yolanda, nunca estuvo presente para asistirla a ella y a sus niños ante la situación de pobreza que atravesaban.
Las audiencias estarán a cargo del juez Aldo Primucci de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán. La figura es abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo, con una condena que podría llevarla hasta 25 años de cárcel.
