Maria del Carmen “Cuyi” Carrillo denuncia violencia política por razones de género en el Concejo Deliberante de Monteros por sufrir obstaculizaciones y dilaciones para asumir su banca. Tras su renuncia como secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Tucumán, dejaría en su lugar a una integrante del equipo que la acompañó desde el 2015. En tanto, Carrillo continuará aportando como asesora ad honorem en esta área del Poder Ejecutivo provincial.
La ex funcionaria del gobierno de Juan Manzur, denuncia que le impide ocupar su lugar como concejala. Juró en 2019 como parte del cuerpo legislativo e hizo uso de la licencia para estar al frente de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia. Tras el reacomodamiento de fuerzas del Partido Justicialista, Carrillo decidió renunciar a su cargo y regresar a su banca.
El 5 de abril presentó el cese del motivo de la licencia de la que gozaba hace 2 años y el jueves 8 la renuncia a la Secretaría de Estado.
“Se trata de un manoseo y desconocimiento a mis derechos a la participación política democrática como mujer. No hay ningún impedimento legal para que pueda reintegrarme al cuerpo. Hay una voluntad colectiva para dilatar” dijo la ex diputada nacional.
La violencia política por razones de género es definida por la Ley Nacional 27.533, como aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.
El Concejo Deliberante de Monteros había recibido en su última sesión la renuncia de Carrillo, sin que se trate de un requisito formal para su asunción. El tema fue tratado sobre tablas y quedó a cargo de la presidencia del cuerpo. Hasta el momento, la concejala no fue informada sobre una fecha certera para asumir el cargo. No descarta realizar una presentación judicial.
En tanto en la Secretaría de Mujeres, Géneros y diversidad de la Provincia, quedaría a cargo de la abogada Leonor del Valle Garcia Andrade quien ya forma parte del equipo interdisciplinario del organismo. Se espera la decisión tanto del ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y del gobernador, Juan Manzur.
Esta Secretaría de Estado inició sus acciones en 2015 con la misión de coordinar, orientar y supervisar la ejecución de las políticas públicas destinadas a la promoción, desarrollo y restitución de los derechos en materia de género, igualdad y diversidad. No se trata de un estamento que cuente con un abultado presupuesto, pero el año pasado incorporó dentro de sus organismos al Observatorio de las Mujeres y Violencias por razones de Género.
Una agenda marcada por la violencia de género
García Andrade se encontrará con un panorama difícil en la provincia. Según Mumalá, Tucumán fue la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios por habitante durante el 2020: en total se registraron 19 y 15 de ellos ocurrieron durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. En tanto en lo que va del 2021, ya se registraron 5 crímenes vinculados a la violencia de género:
- Femicidios directos: Rocío Quesada, Noelia Lobo Noble y Julia Ríos
- Femicidios vinculados: Leonel Ibiriz, asesinado por defender a su amiga, y Carlos Montenegro, quien murió por las heridas provocadas por un hombre que acosaba a su hermana.
