La ministra de Gobierno y Justicia sostuvo que la decisión se tomo en base a “un andamiaje constitucional y normativo” y recordó el caso de los jueces que absolvieron a todos los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición forzada de Marita Verón.
Luego que se conociera la firma del gobernador Juan Manzur a la renuncia condicionada del juez Francisco Pisa, y que se multiplicaran las críticas ante esta decisión, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, realizó declaraciones al respecto.
La titular de Gobierno y Justicia hizo referencia a los fundamentos jurídicos a los que se “ajustó” el Poder Ejecutivo (PE) para aceptar la renuncia de Pisa. El juez fue denunciado por no haber dispuesto medidas privativas de la libertad en contra de Mauricio Parada Parejas, el hombre que fue denunciado en reiteradas oportunidades por un constante acoso y hostigamiento a Paola Tacacho, a quien mató de varias puñaladas y luego se quitó la vida.
En ese sentido, la funcionaria sostuvo que la aceptación de la renuncia de Pisa se basa en una normativa judicial plasmada en una jurisprudencia existente. “Ya hemos tenido casos similares donde el juez renunciante -a quien no se le ha sido aceptada la renuncia condicionada- se la ha cuestionado judicialmente”, justificó.
Vargas Aignasse comparó esta situación con los fallos ‘Piedrabuena y Herrera Molina’. En este caso, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, que absolvieron a los 13 imputados en el juicio por la desaparición y secuestro con fines de explotación sexual de Marita Verón fueron denunciados ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ese órgano acusó a dos de los tres jueces ante el Jury de Enjuiciamiento. Sin embargo, el proceso de destitución fue paralizado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Herrera Molina había presentado ante el Poder Ejecutivo su renuncia condicionada al cargo para adherirse a la jubilación. Pero esa dimisión fue rechazada por el entonces gobernador José Alperovich.
Piedrabuena emuló los pasos de Herrera Molina presentando su dimisión para acogerse a la jubilación ante el gobernador. Alperovich lo rechazó pero luego ambos decretos fueron anulados. Los jueces acusados nunca afrontaron el juicio político y adquirieron la jubilación.
“El Estado provincial ha sido condenado, se han tenido que anular los decretos que rechazaban la jubilación condicionada y el Poder Judicial le ordenó a la Provincia a aceptar la renuncia condicionada”, explicó Vargas Aignasse para justificar la repudiada decisión de Manzur.
La ministra remarcó que “hay un andamiaje constitucional y normativo muy importante donde se declara inalienable el derecho a la jubilación” dijo y agregó: “es importante que la sociedad comprenda que en esta instancia de la decisión, el PE no está juzgando la conducta del magistrado porque esa herramienta no le corresponde”.
La familia Tacacho se mostró molesta desde un primer momento con el gobernador Manzur, ya que sostienen que en ningún momento se comunicaron ante el doloroso momento que atraviesan.
