OPINIÓN| La justicia tucumana tiene en sus manos la oportunidad de llevar adelante una reparación histórica para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Tucumán en el debate oral por el asesinato del comunero Javier Chocobar. Por Ana Laura Lobo Stegmayer y Mariana Paterlini – Andhes.
La justicia tucumana tiene en sus manos la oportunidad de llevar adelante una reparación histórica para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas de la provincia de Tucumán a partir de su actuación en la causa que se dirime en el debate oral por el asesinato del comunero Javier Chocobar.
Hicieron falta 9 años de lucha sostenida por las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y políticas de la provincia, y el pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, para que este debate tuviera lugar. Los y las integrantes de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta se trasladan tres veces a la semana desde su territorio -ubicado a dos horas de la capital tucumana-, permanecen el tiempo que duran las audiencias en el interior del Tribunal Penal de Tucumán para brindar su testimonio sobre los hechos ocurridos en 2009 y, aún golpeados por los recuerdos dolorosos que se reeditan, se mantienen firmes y convencidos de que ni las dificultades de la justicia para incorporar la perspectiva intercultural, ni el desprestigio y la violencia usados como recursos de la defensa, podrán callar la verdad: Javier Chocobar fue un líder indígena asesinado mientras defendía el territorio ancestral de su comunidad.
Quienes presencian las audiencias encuentran cada día una escena que resume los conflictos en torno a los territorios indígenas en nuestro país y, más allá, a lo largo y ancho del continente latinoamericano. De un lado, la comunidad indígena, cuyos integrantes, testigos víctimas, conectados con Javier Chocobar por haber presenciado el momento de su muerte y también por ser su familia, manifiestan una relación con la tierra basada en una cosmovisión ancestral que la vuelve el eje central de la sostenibilidad de sus vidas. Por el otro, un sector de terratenientes que anclan sus intereses en el territorio a partir de su explotación económica basada en un modelo extractivista. Mediando, un sistema de justicia occidental, históricamente caracterizado por ser clasista y por reproducir una lógica selectiva en su accionar que, hasta ahora, se ha traducido en una desigualdad efectiva para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y que, en este momento, se encuentra con la posibilidad de dar un paso que contribuya a revertir esta situación.
Los signos de indignación que se manifiestan al salir de los tribunales en cada una de las personas e instituciones que han sostenido la lucha de justicia por Javier Chocobar, se explican a partir de las situaciones de revictimización a la que se ven expuestos en cada audiencia los y las integrantes de la comunidad. La no separación de los testigos de la defensa y la querella, exponiéndolos a encuentros innecesarios con algunos de sus agresores; careos entre imputados y testigos víctimas en la sala de audiencia; la amenaza explícita de la defensa de iniciar acciones legales por falso testimonio como estrategia para amedrentar a uno de los comuneros que tenía trece años cuando sucedieron los hechos; la insistencia en que declaren testigos cuyo estado de salud se encuentra degradado, ante el riesgo de que esta exposición agrave su estado; o la falta de un intérprete para un comunero al que se le solicitó el reconocimiento de un plano geométrico, luego de que hubiera manifestado que no sabía leer ni escribir, son signos de una justicia que reproduce situaciones de desigualdad.
Quizás, entre estas, la que grafica con mayor nitidez la naturalización de los obstáculos para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, fue aquella situación en la que el tribunal manifestó una valoración diferenciada y comprensiva ante la declaración de una testigo no indígena y en pleito por cuestiones territoriales, a la que incluso se le pidió disculpas por su “traspaso” por la justicia. Esto resulta particularmente doloroso en un contexto provincial en el que solo el 60% de los conflictos territoriales que involucran a indígenas se encuentran judicializados y las resoluciones de esos juicios muestran que cuando el denunciante es una comunidad, solo el 3% obtiene una resolución favorable, mientras que el 97% no cuenta con una respuesta. Sin embargo, cuando las comunidades resultan imputadas, se observa una actuación ágil por parte del poder judicial y con tendencia a su criminalización, desconociendo el funcionamiento de ley 26.160, marco legal que debiera proteger a las comunidades en todo el territorio nacional.
Las estrategias malintencionadas de la defensa, entre las que se cuenta también el interrogar una y otra vez a comuneros y comuneras acerca de cómo supieron que Javier había muerto, parecen ignorar los informes periciales que sostienen la inevitabilidad del desenlace trágico luego de que recibiera el disparo. Estos intentos por correr el eje de atención, se ven desbaratados por la crudeza de los hechos que no se puede evitar: la innegable responsabilidad de los acusados ante la muerte de Javier Chocobar.
A semanas de conocer la sentencia que pondrá fin a un capítulo en la larga lucha de los pueblos indígenas por alcanzar el reconocimiento de la legítima ocupación de sus territorios, la justicia tucumana aún está a tiempo de zanjar parte de una deuda histórica a través de una sentencia justa, reparatoria, y acorde los estándares vigentes en nuestro Estado nacional.
Por Ana Laura Lobo Stegmayer – Directora Ejecutiva Andhes
Mariana Paterlini – Directora Institucional Andhes
