El martes llegó al hospital de Concepción una joven que se habría realizado un aborto con un tallo de castor. El equipo de salud que la atendió detectó que tenía una infección generalizada, por la cual tuvo que ser operada de urgencia. Tuvieron que extirpar órganos de su aparato reproductivo. Continúa internada y su estado de salud es delicado. Por Celina de la Rosa para Agencia de Prensa Alternativa.
“Llegó séptica, absolutamente infectada”. Así describió un profesional de la salud el estado de la joven que fue internada el martes pasado en el Hospital Regional de Concepción (HRC) luego de que habría intentado realizarse un aborto con un tallo de castor, una parte de un arbusto. Este tallo es erecto, cilíndrico, hueco, color rojo-vinoso, recubierto por una tenue capa de cera.
La pasaron a quirófano, le realizaron una histerectomía, le extirparon el útero y los ovarios. Gilda Gómez, directora del Hospital de Concepción, confirmó que la paciente se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva y evoluciona favorablemente. Gómez no confirmó que se tratará de un aborto inducido. Además informó que en ese nosocomio, durante el 2018, no se realizaron interrupciones legales del embarazo. En cambio, el año pasado sí. “En el hospital se respetan los derechos de las pacientes” recalcó la autoridad hospitalaria. En las localidades del sur de la provincia se registran la mayor cantidad de muertes maternas por aborto.
Pasaron 99 días desde que 38 senadoras y senadores se negaron a atender la problemática de los abortos inseguros y clandestinos como una cuestión de salud pública, cuando se abstuvieron o votaron en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Dentro de las políticas públicas posibles para la prevención de estas situaciones, Tucumán no cuenta con Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Tampoco adhirió a la ley nacional 25.673 que garantiza la salud sexual y procreación responsable. Además legisladores como Marcelo Caponio (PJ) y Raúl Albarracín (UCR) intentaron aprobar proyectos que ponían más en riesgo a las personas gestantes que intentan acceder a la atención salud pública en los casos de abortos.
