Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, en la Argentina hubo, al menos, 23 femicidios. El 87% de los femicidios que se registraron en 2019 se cometieron en el hogar. La cuarentena en las casas se convierte en una jaula mortal.
Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo, la violencia de género se recrudeció. Aumentaron el número de denuncias en un 30% a nivel nacional y un 200% a nivel provincial (datos de la Oficina de Violencia Doméstica) y, lamentablemente, también los casos de femicido. Hasta el momento, las organizaciones sociales contabilizan más de 23 víctimas.
Tres de ellas, eran tucumanas. Solange, de dos años, asesinada por su padre Leonardo Almirón, de 21 años. Alejandra Sarmiento, de 22 años, asesinada por su pareja, Luis Edmundo Martínez, de 55 años.
Además, esta mañana se registró el femicidio de Natalia Coronel, de 36 años, que vivía en La Madrid. Su pareja, Juan Carlos Salvatierra, es sospechoso de haber causado los golpes que la materon y se encuentra prófugo.
A este último hecho se suma en las últimas horas un intento de femicidio. Un hombre de 40 años roció con alcohol a su concubina y le prendió fuego en la localidad de Villa Belgrano en la ciudad de Juan Bautista Alberdi. La mujer fue asistida en el hospital de la zona, donde quedó internada.
Proyecto de ley de Emergencia nacional por violencia de género
Ante este contexto, el viernes 17 de abril, la senadora de La Pampa Norma Durango (Frente de Todos) y presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer en el Senado nacional, presentó un proyecto de ley para tomar medidas para frenar la violencia machista en el país.
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“Queremos, necesitamos, nos urge que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las áreas competentes, adopte las medidas necesarias para la implementación de una ley de emergencia por violencia, que permita dotar del presupuesto necesario al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para cumplir su función de órgano de aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y que a la vez, dé facultades a la Jefatura de Gabinete para disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia”, detalló.
Ante la ausencia de reacción estatal y el crecimiento exponencial de casos durante el 2020 y en particular durante el aislamiento, la iniciativa recoge distintas demandas que dan cuenta de cómo funciona la violencia estatal que le sigue a la violencia machista: falta de coordinación, de respuesta rápida, de recursos adecuados, de acompañamiento, algunos de los puntos a los que la iniciativa intenta dar respuesta.
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“Esta medida busca constituirse como una verdadera herramienta que permita avanzar de manera concreta y efectiva sobre una problemática que día a día se cobra más vidas de mujeres en nuestro país. Coordinar, fortalecer, reforzar, capacitar, implementar son palabras con mucha fuerza de acción pero que sin los presupuestos suficientes quedan cual meras declaraciones de voluntad. Hoy nuestro país nos exige respuestas efectivas y rápidas frente a una situación tan compleja y preocupante. La violencia de género también es una pandemia”, fundamentó.
Los femicidios son la punta del iceberg, la violencia más extrema contra las mujeres, pero la violación, las amenazas, las lesiones, los golpes, el maltrato, la denigración, los insultos, la retención del dinero, la falta de pago de cuotas alimentarias, la coerción para no salir ante una situación de necesidad son otros tipos de violencia tipificadas en la Ley 24.685 para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, que se acrecientan con el encierro, el control sobre los movimientos, la falta de recursos donde pedir ayuda y la crisis económica.
En los fundamentos, Durango recordó que durante 2019, según datos oficiales, se registraron 327 femicidios en Argentina, lo que representa un promedio de 27 mujeres asesinadas por mes.
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“De estos asesinatos, el 84% fueron cometidos por hombres conocidos o del círculo íntimo de las víctimas; el 23% de las mujeres eran jóvenes de entre 15 y 25 años; y el 63% de las víctimas fueron asesinadas en sus propias casas. El hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia de género ya que el 33% de ellas fueron asesinadas dentro de la vivienda compartida, el 19% en la casa de la víctima”, analizó.
Más del 70% de los femicidios registrados en el país desde el inicio del aislamiento ocurrió en las viviendas de las víctimas y una de cada cinco había realizado denuncias previas por violencia de género, según relevamientos elaborados por organizaciones de mujeres.
Además, de acuerdo a un informe publicado por la ONG La Casa del Encuentro sobre la cantidad de femicidios cometidos desde el 20 de marzo último, cuando comenzó a regir el aislamiento obligatorio, una de cada cinco mujeres había radicado una denuncia previa por violencia de género.
Remarcó que la situación de aislamiento por la pandemia de coronavirus “torna aún más dramática la vida de cientos de mujeres”. “El aislamiento recrudece la problemática de la violencia de género fundamentalmente porque las mujeres están obligadas a una convivencia forzosa con sus agresores”, advirtió.
Los principales puntos del proyecto:
—Declárese en todo el territorio de la Nación, la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género por el término de DOS (2) años.
—Facultar a Jefatura de Gabinete de Ministros a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia declarada.
—Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485.
—Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción.
—Fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.
—Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia.
—Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género.
—Reforzar los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
—Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
—Acompañar el fortalecimiento de las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género.
—Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.
—Establecer para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.
