En Tucumán, un hombre acusado de abusos sexuales cometidos entre 2005 y 2010 llegará a juicio oral, a pesar de que la denuncia se presentó recién en 2024. El caso desafía los límites de la prescripción y podría derivar en su tercera condena por delitos de violencia sexual.
El acusado, Roque Serrizuela, habría desarrollado un patrón de abuso sistemático utilizando como cobertura el trabajo de cuidado infantil realizado por su esposa, María Apestey. En su domicilio, recibían a niñas para tareas de niñera, en un contexto de vulnerabilidad de las familias. “La dinámica era clara: madres solteras de bajos recursos confiaban en la Sra. Apestey el cuidado de sus hijas, y en esa situación Serrizuela se aprovechaba para agredirlas sexualmente”, explicó la abogada querellante Jimena Roselló.
El camino judicial no fue sencillo. Desde un inicio, fiscales e instructores plantearon que la causa estaba prescripta, dado que habían pasado 14 años desde el último hecho. Sin embargo, la querella sostuvo otra interpretación. “Insistimos en que debía abrirse la investigación porque el propio Código Penal prevé que la prescripción se interrumpe si el agresor comete un nuevo delito antes de que se cumpla el plazo. Y en este caso, Serrizuela recibió en 2021 una condena a dos años de prisión por abusos cometidos en 2013”, detalló Roselló.
Ese antecedente habilitó que la investigación avanzara y que el caso llegue a juicio. Si es condenado, será la tercera sentencia en su contra. Para la querella, esto demuestra la conducta reiterada y sistemática del acusado y expone un interrogante central: ¿pudo el Estado haber prevenido que siguiera cometiendo delitos durante tantos años?
La historia de la última denunciante aporta una clave. Pudo reconocer que los hechos vividos en su infancia eran abusos sexuales recién después de una charla de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela secundaria. “Cuando tenía alrededor de 10 años logró contárselo a su madre y cortar el vínculo con la familia. Esto nos muestra que la ESI salva vidas: brinda a niñas y niños las herramientas para detectar y verbalizar que esas conductas no son juegos ni comportamientos normales de adultos, sino delitos”, subrayó Roselló, quien también se desempeña en el Programa Patrocinar, dependiente del ministerio de Justicia de la Nación.
La abogada advierte que la mayoría de las denuncias de abuso sexual en la infancia aparecen después de que los chicos y chicas acceden a información clave sobre sus cuerpos, el consentimiento, los secretos malos o los límites del trato respetuoso. “El 90% de los casos que llevo como abogada se detectan y denuncian recién cuando hay herramientas de ESI. El Estado tiene una responsabilidad fundamental: sin ESI, el silencio se prolonga y la impunidad se perpetúa”, concluyó.
