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Pasó un año desde que se dictó una de las sentencias más contundentes contra el poder político patriarcal en la historia reciente del país. El 18 de junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 condenó a José Jorge Alperovich por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra una joven que, además de ser su sobrina segunda, trabajaba como su asistente personal. El fallo detalla con crudeza cada uno de los hechos, seis de ellos con acceso carnal y otros tres en grado de tentativa. La condena fue ejemplar por su contenido jurídico, pero también por lo que simbolizó: la caída de un emblema del poder patriarcal del noroeste argentino, un varón fuerte, intocable, sostenido durante décadas por redes políticas, económicas y mediáticas.
Como periodistas y comunicadoras feministas que acompañamos de cerca —desde adentro— el proceso de la denunciante, este aniversario nos impulsa a reflexionar más allá de la sentencia. El proceso que transitamos no solo fue jurídico; fue también cultural, simbólico, profundamente comunicacional. La denuncia pública y judicial abrió un campo de disputa donde el poder no estaba solamente en el estrado, sino también en las pantallas, en las redacciones, en los micrófonos.
¿Qué nos enseñó la crueldad?
Rita Segato, antropóloga feminista y una de las voces más lúcidas del pensamiento crítico latinoamericano, sostiene que vivimos en una cultura que produce una “pedagogía de la crueldad”. Con esta expresión, ella se refiere a los mensajes —mediatizados, institucionales, sociales— que enseñan, naturalizan y refuerzan la violencia sobre los cuerpos feminizados. Una pedagogía que forma, moldea y entrena a los varones para ejercer dominio y humillación, al mismo tiempo que prepara a las mujeres para soportarlo, silenciarlo, internalizarlo.
La cobertura mediática del caso Alperovich mostró —con nitidez— cómo opera esta pedagogía, pero también nos permitió ver su contracara: una contrapedagogía feminista, que tejió relatos desde la dignidad, la resistencia, la memoria y el cuidado.
Los medios como campo de disputa simbólica
Desde el primer día, la exposición pública del caso se convirtió en una batalla narrativa. En la etapa inicial, la cobertura de muchos medios quedó atrapada en el morbo. Las filtraciones del expediente judicial, la reiteración cruda de los detalles de los abusos, y la búsqueda de impacto sensacionalista convirtieron a la denuncia en un espectáculo. La violencia sexual fue convertida en contenido vendible, y la palabra de la víctima en una mercancía informativa sin respeto ni contexto. Allí, la pedagogía de la crueldad operó con toda su potencia.
En una segunda etapa, con el avance del proceso judicial, algunos medios dejaron de lado la conducta del acusado —quien era senador nacional al momento de los hechos y de la denuncia— para enfocarse en supuestas internas políticas tucumanas. Se repitieron sin filtros las estrategias de la defensa: desde la idea de un complot armado por adversarios internos, hasta la descalificación de la víctima como parte de una extorsión. En esa fase, el objetivo de deslegitimar el testimonio de la denunciante se tradujo en el desplazamiento simbólico de su figura: ya no era una mujer que pedía justicia, sino una pieza más de un juego de poder entre varones.
Pero también hubo otra narrativa, otra forma de comunicar que se tejió con cuidado y conciencia. La denunciante, desde el primer día, optó por una estrategia feminista de comunicación. Publicó una carta abierta contando su propia historia, desafiando el mandato del silencio. Eligió hablar desde el dolor, pero también desde la firmeza. No buscó venganza mediática, ni espectáculo. En cambio, construyó una narrativa ética, con palabras que apuntaban a una transformación colectiva. En los años que siguieron, se rodeó de una red de afectos, organizaciones y profesionales que supieron acompañarla sin invadirla, sin exponerla, sosteniéndola cuando los titulares le arrancaban la voz.
La sentencia como ruptura del pacto patriarcal
La sentencia del tribunal no fue solo una enumeración de delitos. Fue una ruptura simbólica. En sus fundamentos, el juez dejó claro que Alperovich actuó aprovechándose de una relación de poder, dependencia y autoridad sobre la denunciante. Se acreditaron nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal (vaginal, anal y oral), cometidos en contextos donde Alperovich tenía el control total: automóviles, residencias privadas, oficinas. En todos los casos, se valoró la reiteración, la intimidación y el daño psíquico provocado.
Lo que hace a esta sentencia paradigmática no es sólo su contundencia penal, sino el marco argumental: el tribunal reconoció el sometimiento gravemente ultrajante que implicó esa sucesión de abusos en el tiempo, el uso de la violencia física, psicológica y simbólica, y —algo no menor— la existencia de un abuso sistemático de poder político y laboral.
Las pericias psicológicas, los testimonios de múltiples personas del entorno, los mensajes de texto y las conductas documentadas dejaron en claro que Alperovich no sólo violentaba, sino que sabía que podía hacerlo con impunidad. La sentencia rompió, al menos en parte, ese pacto de silencio y complicidad que tantas veces protege a los varones del poder.
¿Qué aprendimos? ¿Qué enseñamos?
Un año después, la pregunta que queda flotando es: ¿qué aprendimos de este proceso? ¿Qué enseñamos desde los medios, desde la política, desde la sociedad?
La pedagogía de la crueldad sigue operando. Se expresa en cada titular que duda de las víctimas, en cada entrevista que repite el discurso de los victimarios, en cada editorial que pide “prudencia” cuando las que hablan son mujeres violentadas.
Pero también hay otras formas de narrar. Hay una contrapedagogía —feminista, ética, comunitaria— que no es sólo reactiva, sino propositiva. Que no sólo denuncia, sino que construye. Que no reproduce la violencia, sino que la nombra para erradicarla.
El caso Alperovich es paradigmático no por ser único, sino por ser emblemático. Porque mostró que el poder político también puede ser juzgado. Porque la víctima, desde su verdad y su dolor, construyó una palabra pública que desarmó mecanismos de dominación. Y porque las redes feministas —comunicacionales, jurídicas, afectivas— sostuvieron un proceso largo, duro, que terminó con una sentencia histórica.
A un año de ese fallo, todavía resuena la voz del juez repitiendo dos veces, con énfasis, la cantidad de hechos. Fue como si en ese momento —frente a las cámaras, frente a los medios, frente al país— la justicia dijera algo más que un número: dijo que le creyó. Dijo que no fue exageración o un complot. Dijo que fue violencia. Y eso, en tiempos donde muchas veces se duda, no es poca cosa.
Actualmente, quedan pendientes la resolución de otras causas que se desprendieron de la sentencia dictada por el juez Juan María Ramos Padilla el 16 de junio de 2024. Dos de ellas por la posible comisión del delito de peculado (uso indebido fondos o bienes del Estado) contra Alperovich, Beatriz Mirkin, quien era su compañera de fórmula durante la campaña para las elecciones provinciales de 2019, y contra Regino Amado. Además, se presentaron denuncias por la posible comisión del delito de falso testimonio contra Juan Luis Laino, David Cayata, Víctor Decataldo, Manuel Frías, todos trabajadores y colaboradores del entonces candidato a gobernador, y contra Mirkin.
Fotos Xime Díaz
