Lucía tiene once años y está embarazada: la violó la pareja de su abuela. Desde que el Estado comenzó a intervenir en su caso, expresó su deseo de interrumpir el embarazo. Sin embargo, a la fecha, no se han tomado medidas tendientes a cumplir con los compromisos que el Estado provincial tiene ante ella. Los antecedentes de una provincia que camina para atrás.
Por Andhes
Lucía tiene once años y está embarazada: la violó la pareja de su abuela, quien la obligó a esconder su condición por casi cinco meses bajo amenazas de muerte. Cuando finalmente Lucía se atrevió a contarle a su mamá, se liberó de su victimario, solo para pasar a sufrir violencia por parte de quien se supone que debía protegerla: el Estado tucumano.
Lucía, cuyo nombre real se resguarda para proteger su identidad, privacidad y confidencialidad -según marcan diversos instrumentos legales-, es una niña sujeto de derechos y, como tal, el Estado tiene obligaciones reforzadas y deberes especiales con ella. Entre estos, debe respetar que su interés superior sea tenido en cuenta en cada una de las decisiones que respecto a ella se tomen. Esto es, de acuerdo con la Ley 26.061 (Ley de Protección Integral de NNyA), “la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”. Así, su voz debe ser oída, su opinión debe ser tenida en cuenta y su voluntad debe respetarse.
Desde que el Estado comenzó a intervenir en su caso, Lucía expresó su deseo de interrumpir el embarazo al menos en cuatro oportunidades frente a profesionales de distintas áreas del Poder Ejecutivo. Incluso, lo hizo durante su entrevista en cámara Gesell en la Fiscalía de Instrucción Penal Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual de la III° Nominación, donde se investiga el abuso sexual que sufrió. Sin embargo, a la fecha, no se han tomado medidas tendientes a cumplir con los compromisos que el Estado provincial tiene ante ella. Por el contrario, el accionar de las instituciones intervinientes no ha hecho más que actuar en menoscabo de sus derechos y, en definitiva, en perjuicio de su salud y de su derecho a la vida.
El caso de Lucía no es una excepción en el accionar del Estado tucumano, que tiene en su haber un largo historial de vulneración en materia de derechos de mujeres y niñas de la provincia.
Antecedentes: La provincia que camina para atrás.
El debate en el Congreso nacional por la despenalización y legalización del aborto cristalizó una ya conocida postura contraria a la ampliación de derechos en casi todo el arco político tucumano. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) movilizó a los sectores más rancios de una sociedad retrógrada. Lo cual repercutió en la provincia a nivel tal que la última marcha “por las dos vidas” antes de la sesión en el Senado, fue encabezada por dos de los principales adversarios de nuestro escenario político: el gobernador Juan Manzur (PJ) y la senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR – Cambiemos), quien se configuró como la voz protagónica en contra de la legalización del aborto en el Senado nacional.
El 25 de mayo de 2018, en su primer tedeum, el arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez se dirigió a los diputados y diputadas locales por sus nombres de pila -como recomienda Durán Barba para lograr una retórica persuasiva y efectiva-, y los instó a que rechacen el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se trataría unas semanas más adelante en la Cámara Baja. “Yo, Carlos Alberto, quiero llamarlos por su nombre a ustedes, Beatriz, Teresita, Gladys, Alicia, José Fernando, Facundo, Pablo, Marcelo y José, diputados tucumanos, para decirles que tienen un nombre porque tienen vida y tienen la responsabilidad que les ha confiado el pueblo tucumano: voten por la vida, por el cuidado y defensa de la vida de todo argentino porque vale toda vida”, exhortó el religioso. El propio Manzur calificó de “brillante” la alocución de Sánchez en el acto patrio. De esta forma, con la presión de la Iglesia sobre el Estado, se marcaba el terreno para las intervenciones que siguieron, y que condicionaron la palabra de los representantes del pueblo de Tucumán en el debate nacional.
El 2 de agosto del mismo año, a días de que se lleve adelante la votación en la Cámara Alta, la Legislatura aprobó una resolución que declaraba a Tucumán como la primera “provincia pro vida” e invitaba a los municipios a destinar fondos públicos para “desarrollar actividades y acciones a favor de las dos vidas”.
Días más tarde tuvo lugar la marcha de los pañuelos celestes que contó con la asistencia de Manzur y Elías de Pérez. Además, se hizo presente un feto gigante de papel maché, “bautizado” como Merceditas; y participaron el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el diputado macrista José Cano, Ricardo Bussi, concejal capitalino e hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, y el arzobispo Sánchez, entre otras figuras de la escena local.
Con la mesa casi servida, el conservadurismo tucumano no se conformó con rechazar la IVE sino que fue más allá. En octubre de 2018, la Legislatura decidió por quinceavo año consecutivo rechazar la adhesión a la Ley Nacional N° 25.673, de Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Eso la mantiene como la única provincia no adherida a dicha norma.
A esto se suma la particular situación de Tucuman en torno al programa de Educación Sexual Integral (ESI) previsto en la ley Nacional Nº 26.150. Si bien nuestra Ley Provincial de Educación menciona la incorporación de la ESI (Art. 9 inc. 13), no existe una intención clara para que ello se materialice. La falta de compromiso político se nota de manera evidente en la ausencia de una partida presupuestaria acorde para la concreción de sus fines.
En noviembre de 2018, en tanto, más de la mitad de los legisladores intentaron llevar al recinto un proyecto del peronista Marcelo Caponio que pretendía evitar abortos en caso de violación. En su artículo 4º se leía “queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación (sic)”.
En nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual prevé tres causales: cuando pone en riesgo la salud de la persona gestante, su vida, o si éste proviene de una situación de violencia sexual. La iniciativa de Caponio fue inviable no solo por el retroceso que implicaba, sino también porque, de acuerdo con nuestra jerarquía jurídica, una normativa provincial nunca puede modificar, ni mucho menos, ir en contra de una ley nacional.
ILE no es IVE. Impedir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de violaciòn implica no solo vulnerar derechos ya adquiridos desde hace casi cien años, sino también es aberrante y revictimizante. Implica también desconocer por completo el derecho a la dignidad humana y someterla a un trato cruel, inhumano y degradante.
Violencias con nombre propio
Los debates sobre IVE de 2018 dejaron al descubierto un escenario provincial por debajo de los estándares que marcan los instrumentos internacionales para los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de mujeres, niñas y personas gestantes, cuyas consecuencias en vidas concretas ya habían sido noticia en más de una ocasión.
Cabe recordar el caso de María Magdalena que sentó un antecedente contra la violación del secreto profesional; el renombrado caso de Belén, presa sin sentencia por más de dos años por un aborto espontáneo; la persecución y violencias ejercidas por grupos antiderechos hacia la ginecóloga Fabiana Reyna en julio de 2018 por cumplir su trabajo y garatizar la ILE a una niña de once años víctima de violación, y esto solo por nombrar algunos de los casos más recientes y conocidos.
La situación de Lucía se agrega a la frondosa lista de violencias perpetradas por el Estado tucumano que decide vulnerar derechos humanos, infringir normativas y ser el vocero principal de un discurso moralizante y dogmático que criminaliza, condena y somete a mujeres, adolescentes y niñas en nuestra provincia. Pese a ello, la niña de 11 años insiste en la interrupción legal de ese embarazo mientras continúa internada e incomunicada. En tanto, la ministra de Salud Rossana Chahla, las demás autoridades y la Justicia, omiten garantizar el derecho de la niña y dilatan el cumplimiento de sus obligaciones frente a los tiempos gestacionales en un cuerpo que no puede esperar más.
El débil marco normativo de Tucumán debe ser analizado junto a las altas tasas de embarazo adolescente y preadolescente, que muestran 5000 nacimientos por año para la franja etárea que va entre los 15 y los 19 años, y 168 para las niñas menores de 14 años (SPI-G2015). Si a este escenario además se le suman las estadísticas de pobreza estructural y la falta de implementación de políticas públicas de prevención y mecanismos institucionales que tiendan a fortalecer y garantizar los derechos a la vida y la salud, resulta posible acercarse a una imagen cabal de la desprotección en la que viven las niñas y adolescentes de nuestra provincia.
Mientras mandatarios y funcionarios cercan información, omiten emitir opinión, y se evaden en discusiones sobre sus responsabilidades, en el hospital donde se encuentra Lucía especulan con posibles fechas para un parto. Si todo sigue como hasta ahora, la provincia “provida” volverá a incurrir en su patrón de faltas, y habrá garantizado la consecución de un nuevo acto de tortura: una niña de once años será forzada a parir a mediados de junio.
