Terminaron de declarar los testigos y se pidió un cambio en las acusaciones

La Fiscal de Cámara, Marta Jeréz, realizó un planteo de “hecho diverso” y argumentó que las pruebas producidas demuestran que Darío Amín es el responsable de los disparos que asesinaron a Javier Chocobar e hirieron a Emilio y Andrés Mamaní, y no Luis Humberto Gómez, quien también realizó disparos.

Durante esta semana terminaron de declarar los últimos dos testigos en el juicio por el homicidio de Javier Chocobar y lesiones que sufrieron otros dos miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta.

Los peritos balísticos Rogelio Farías Sánchez de la Policía de la Provincia de Tucumán y Elías Héctor Martín Iaconángelo, experto de la Policía Federal Argentina brindaron precisiones acerca de las armas y elementos secuestrados. Al momento de realizar las preguntas las defensas, el tribunal permitió al imputado Luis Humberto “el niño” Gómez interrogar al testigo -en lugar de su defensor, Eduardo Andrada Barone- en razón de ser Gómez también perito. Le pregunto a Farias: “¿Usó algún método científico para hacer la pericia? Digo, para reproducir la pericia”, a lo que el testigo respondió que no hace falta ningún método científico, porque se tienen las armas y los elementos secuestrados.

Durante el interrogatorio Gómez se mostró ofuscado en más de una oportunidad, llegando incluso la Jueza Wendy Kassar (Presidenta del Tribunal) a señalar que las preguntas eran intimidatorias haciendo lugar a las oposiciones de la fiscal y los querellantes. “Es muy difícil mi rol. No puedo obviar la necesidad de defenderme porque dice cosas que…”, manifestó encolerizado Gómez.

Por su parte, el Perito Oficial Elías Héctor Martín, señaló desde qué posición se habría efectuado el disparo que hirió de muerte a Chocobar, en función del impacto en la pierna derecha. Sostuvo que un disparo de amedrentamiemto se hace al piso o debajo de la cintura, y que un operador de un arma de fuego tiene que saber y entender que con la utilización de un arma puede inhabilitar e incluso matar a una persona. Nuevamente el tribunal permitió a Humberto “El niño” Gómez hacer preguntas y que indique y exija conclusiones que el perito no había dado durante su declaración.

Andrés Mamaní no pudo declarar

Andrés Mamaní, víctima y testigo en el juicio, tiene aún hoy secuelas graves del disparo en el abdomen. Perdió el bazo y parte del intestino, por lo que aún usa una bolsa de colostomía. La semana pasada no pudo declarar porque estaba internado en el hospital Avellaneda, con una infección respiratoria, condición confirmada por un perito médico. A raíz del grave estado de salud, su declaración fue incorporada por lectura.

Análisis de los fotogramas

En esta etapa del juicio, se realizó el análisis de la transcripción del audio de la filmación para una mejor evaluación de los hechos y se comenzó con el análisis de los fotogramas. La prueba había sido solicitada por el Dr. Andrada Barone, en representación del imputado Gómez. Esta pericia fuese realizada por personal del Equipo de Investigaciones Fiscales (ECIF) -al igual que las transcripciones-para garantizar máxima transparencia.

Tanto los abogados defensores como los querellantes fueron detallando en cada uno de ellos, los elementos de prueba.

Delfín Cata –testigo-y Emilio Mamaní –víctima testigo-, a solicitud de las partes, reconocieron a los presentes en el video. Mamaní y Cata, en una audiencia anterior, ya habían realizado este reconocimiento sobre la filmación. Sin embargo, fue necesario repetir la misma acción sobre los fotogramas para asegurar mayor precisión.

Se ve el momento cuando el imputado Gómez dispara al piso, golpea a Delfín Cata y pierde una de las armas que tenía. También el momento en el que Amin saca un arma.

En el último día de juicio de la semana, la defensa de Darío Luis Amín manifestó que el imputado deseaba declarar y que sólo respondería las preguntas del Tribunal. Los doctores Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, hicieron lugar a ese derecho y Amín declaró durante 45 minutos aproximadamente.

Acusaciones

La Fiscal de Cámara, Dra. Marta Jeréz argumentó que, a esta altura del debate, y según las pruebas evaluadas durante este proceso, se encuentra en condiciones de discernir qué rol tuvo cada uno en el asesinato de Chocobar. Jeréz enumeró las pruebas que, según su criterio, demuestran que el autor de los disparos que dieron muerte al comunero e hirieron gravemente a Andrés  y Emilio Mamaní, es Darío Luis Amín y no Luis Humberto Gómez. A su vez agregó que este hecho se realizó en cooperación con Gómez y Valdivieso Sassi al haber concurrido con Amín y también haber efectuado disparos. Por ultimo afirmó que los tres debían ser imputados, además, por portación ilegal de armas de fuego ya que no contaban con la autorización correspondiente. Este requerimiento es conocido como “hecho diverso”. Hasta ahora, Gómez es el único imputado por el asesinato, en tanto que Amín y Valdivieso están acusados de tentativa de homicidio y de ser partícipes necesarios en las lesiones a los Mamaní.

Por su parte Carlos Garmendia, uno de los abogados querellantes, expresó que las querellas realizarán un planteo similar. Dicho planteo será escuchado en la próxima audiencia que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre a las 9.00 horas.

“Hecho diverso”

Luego de que expusieron los representantes de la acusación, la Dra. Wendy Kassar explicó a cada uno de los imputados el alcance que tiene este acto procesal planteado por la Fiscal de Cámara. Explicó también que, bajo pena de nulidad, debe suspender el debate. Esa suspensión ocurrirá después de la próxima audiencia del día martes.

Existe una obligación formal de leerles a los imputados el acta de nueva acusación diciéndoles a cada uno de qué se les imputa. Luego se establece un plazo mínimo de 72 horas para que las defensas ofrezcan nuevas pruebas o acomoden las pruebas a sus nuevas estrategias defensivas. Finalizada esta etapa el debate podrá ser retomado.

El día martes 18 de septiembre el Tribunal leerá a los acusados Amín, Gómez y Valdivieso las nuevas imputaciones y dará la suspensión que es ley expresa. También definirá la reconstrucción de los hechos según las evaluaciones a partir de los informes de factibilidad realizados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Territorios ancestrales

Este caso se da en el contexto de la lucha por los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de Argentina. “Este caso demuestra la violencia en el que viven las comunidades indígenas actualmente a pesar de toda la legislación que existe hoy en día, que en teoría debería aplicarse y proteger. Entendemos que, si se hubiera cumplido con toda la reglamentación que protege a las comunidades indígenas como el artículo 75 inc 17, y todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, estos casos, como el de Javier Chocobar, no deberían haber sucedido”, expresó la abogada Belén Leguizamón, perteneciente a la organización Andhes y parte de la querella de la acción civil en la causa.

La ley nacional 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, sancionada en el año 2006, ordena el relevamiento jurídico técnico catastral de los territorios de ocupación de las comunidades indígenas, con el fin de iniciar un proceso de regularización de estos territorios. Esa ley ya fue prorrogada en tres oportunidades, y está vigente actualmente hasta noviembre de 2020.

En el marco de esa ley, en Tucumán se finalizó el relevamiento de la mayoría de las comunidades indígenas en 2013. La comunidad Los Chuschagasta cuenta con el proceso de relevamiento territorial finalizado y reconocido por el Estado.

Durante la causa este fue justamente uno de los puntos a ser analizado, ya que Amín sostiene que su familia compró esas tierras en 1959, en un remate judicial, y que tiene papeles que lo prueban. Gómez es su socio en un emprendimiento para explotar una cantera de piedra laja que está en medio del territorio reconocido a la comunidad.

“Pensamos que, en la resolución de este caso, el poder judicial tiene un papel muy importante a la hora de reparar esta situación de violación del derecho a la vida y a la integridad de la comunidad”, finalizó.

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