Un estudiante de 15 años entró a una escuela armado, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros 8. Los videos vinculados al hecho, las teorías sobre el bullying y las culpas fueron virales estos días.

Son tiempos en donde los medios de comunicación y las redes sociales imponen la realidad de los acontecimientos y sus interpretaciones. Algunos indagaron sobre la vida del agresor y el curso, otros lo vinculan con la política nacional de facilitar el uso de armas; también está el espectáculo en torno a esto. Hay una mirada desde los grandes medios de Buenos Aires que ven la chance de contar “una gran historia” cada vez que una tragedia sucede en un pueblo.

También vivimos tiempos en donde la intemperie parece ser una política de Estado. Los primeros pasos para pensar políticas de cuidado quedaron sin presupuesto y solo se habló de la adolescencia para bajar la edad de imputabilidad. Nada de este escenario se considera cuando surge una tragedia. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cuál es la respuesta?

Hay una tríada de culpa que aparece en los temas de la comunidad educativa: la escuela, la familia y los chicos. Si pasa algo, la familia responsabiliza a la escuela y viceversa; cuando eso no alcanza, los culpables son los chicos: un niño o adolescente, un grupo, un curso o toda una generación. En el mundo adulto estigmatizamos hasta el hartazgo a las nuevas generaciones antes de pensar qué tienen de similar a nosotros.

Me gustaría decir que la ESI es la respuesta. Ya lo he dicho y, aunque lo sostengo, no alcanza en este contexto ni para lo ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, ni para los problemas complejos que atraviesan las adolescencias.

Por omisión, falta de presupuesto y persecución mediática, la política cotidiana dejó sin trabajo, sin espacios institucionales y sin acceso a la voz pública a miles de personas formadas para trabajar con infancias y adolescencias. Más que atacar a la ESI, se atacó su condición de posibilidad: el sentido común adulto que sabe qué hacer para proteger a los niños.

La lógica de la culpa funciona como obturador de otro enfoque que se viene desarrollando hace décadas: el sistema de corresponsabilidad.

El cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes dependen de más de un actor: la casa, la escuela y la sociedad en su conjunto. La responsabilidad es más incómoda que la culpa, porque está ahí aun cuando nadie nos señala.

Muchas de las personas tildadas de “woke” trabajaron en prácticas de cuidado guiadas por el interés superior del niño, con marcos teóricos y experiencias concretas en las escuelas.

Cuando ocurre un hecho así, cuando la muerte acecha a quienes recién empiezan a vivir, algo profundo nos conmueve como sociedad. Pero ese movimiento suele dirigirse al morbo, a la búsqueda de culpables o a la demonización de los protagonistas.

Personal y profesionalmente me cuesta pensar en victimarios cuando quienes cometen estos hechos son niños, niñas o adolescentes, más aún cuando sucede en la escuela, esa segunda casa de nuestros recuerdos. No quiero detenerme en el código penal, sino invitar a pensar qué hacemos con el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

¿Cuánto nos importa el bienestar de los más chicos? ¿Vamos a discutir cada caso aislado o lo que cada caso revela del sistema? ¿Cuántas personas se necesitan para abordar el bullying en una escuela? ¿Puede un docente con múltiples trabajos detectar a tiempo una situación grave? ¿Cuántos profesionales integran hoy los equipos estatales de Educación? ¿Se acuerdan cuando se los llamaba ñoquis? Hoy hay especialistas en problemáticas adolescentes trabajando en Uber.

No hay respuestas rápidas ni mágicas. La simplificación de problemas complejos -si pasa A, entonces B- suele traducirse en recortes, castigos y encierro. Así se aleja la prevención, los cambios culturales y la construcción artesanal de formas de cuidado. 

¿Podemos volver a pensar cómo cuidamos? ¿Quiénes cuidan y en qué condiciones? Ojalá podamos volver a poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de los debates y construir en la escuela un espacio seguro para habitar. Esto es sistémico y no es casual.

La destrucción de áreas clave del Estado nacional, la quita de presupuesto para las provincias, la pulverización del salario docente y otros escenarios se ven agravados por la constante promoción de la violencia en redes sociales. Nada de esto sucede solo en Argentina, pero sí es cierto que parece que aquí no estamos pudiendo ni ponerlo en agenda ni pensar alternativas, como ocurre con muchos otros temas.

En Latinoamérica, algunos países están regulando más lo que sucede en entornos virtuales; en el norte global también, y se entiende que el asunto de las infancias y adolescencias no es algo “de la familia” exclusivamente. Será cuestión de preguntarnos, cada uno a sí mismo y a quienes nos rodean, otra vez: ¿cuánto importa realmente el bienestar de los más chicos? y ¿qué vamos a hacer para garantizarlo?