A menos de tres días que se trate la adhesión en la Legislatura de Tucumán, el Concejo Deliberante de Tafi Viejo se reunió de manera extraordinaria para solicitar a la Legislatura de Tucumán que trate la adhesión sin modificaciones de la Ley Micaela. Este pedido tuvo el voto mayoritario del cuerpo, con la única excepción del bloque de Fuerza Republicana que votó en contra.
“Sabemos que la norma penal no es suficiente sino que debe ser complementada con una firme y sostenida actividad de prevención y concientización, tarea para lo cual está la llamada Ley Micaela. Agradecemos la visita de tres funcionarias del Departamento Ejecutivo Municipal, cuyas áreas bajo su responsabilidad están íntimamente ligadas a esta temática: Sofía Solórzano de Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Cinthia Lema de DDHH y Género y Daniela Bravo de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo”, expresó Maximiliano Córdoba, presidente del Concejo.
Esta norma legal establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Según la ley, todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso que corresponda. Asimismo, los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Hasta enero de 2020, adhirieron más del 70% de las provincias y aproximadamente 500 municipios.
La Ley 27.499, sancionada por el Congreso de la Nación el 19 de diciembre de 2018, surgió a partir del femicidio de Micaela García en el año 2017, una joven que fue violada y asesinada en la localidad de Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes que se encontraba en libertad condicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos.