Con un Congreso vallado, ante el anuncio de protestas y negociaciones hasta último momento, el Gobierno busca lograr la media sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública.
La iniciativa busca declarar la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Los cambios que se hicieron fueron en torno al 30% del impuesto al dólar y se logró que las operaciones realizadas antes de que se sancione la ley no tributaran el impuesto.
“El impuesto que se establece por el artículo 32 (el impuesto PAIS) de la presente ley será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con exclusión de las transacciones efectuadas con anterioridad a dicha fecha“ señala el dictamen votado por mayoría en la comisión convocada el día de ayer.
Con respecto al régimen previsional y a la suspensión por 180 días de la actualización de las jubilaciones, en será el Ejecutivo es el que “deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos” dicta la norma.
Ante el reclamo de los gremios de la educación, se eliminaron de la suspensión los regímenes docentes de todos los niveles, de los investigadores científicos y tecnológicos.
