En un programa televisivo, el Macri anunció que postulará a la jueza porteña como postulante para reemplazar a Gils Carbó como jefa de los fiscales.
En un programa televisivo de Canal 13, el Presidente Mauricio macri adelanto que propondría a la jueza Inés Weinberg de Roca para que sea procuradora. Despejó una de las incógnitas originadas desde la salida de Alejandra Gils Carbó, quien presentó su renuncia el 30 de octubre último, luego de que distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y el propio mandatario pidieran su apartamiento y que la Justicia la procesara por irregularidades en la compra de un edificio del Ministerio Público Fiscal.
Weinberg de Roca será postulada para acceder al cargo que ocupó Gils Carbó durante más de cinco años y que actualmente ocupa interinamente el subprocurador Eduardo Casal.
En diciembre de 2012, cuando Macri era jefe de Gobierno porteño, el actual mandatario debió elegir un candidato para ocupar un cargo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, postulando a Weinberg. Su candidatura fue impugnada por el ex procurador del Tesoro de la Nación Ernesto Marcer, quien le atribuyó haber recibido remuneraciones de Naciones Unidas mientras se desempeñaba como jueza de Cámara en la Ciudad y haber nombrado a familiares en la Justicia porteña. Weinberg negó los nombramientos y explicó su vínculo con Naciones Unidas.
A su vez, recibió la adhesión de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Congreso Judío Latinoamericano y la DAIA.
Su pliego fue aprobado por 40 votos en la Legislatura, los dos tercios necesarios que exige la Constitución porteña para ser nombrado juez del máximo tribunal local. El PRO contó con el apoyo del radicalismo porteño. Se abstuvieron 16 legisladores, en su mayoría del Frente para la Victoria. En junio de 2013 Weinberg asumió como jueza del TSJ porteño.
Hasta ese momento se desempeñaba como jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Llegó a ese cargo por concurso en 2000, cuando comenzó a funcionar ese tribunal. Venía de trabajar en la Justicia nacional. En 1992 el Senado de la Nación le dio acuerdo para ser jueza nacional en lo Civil de la Capital Federal, cargo que ocupó durante ocho años.
Weinberg, de 69 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1948. Se recibiób de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1971 y realizó su doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Durante más de dos décadas ejerció la profesión de abogada hasta que en 1992, durante la Presidencia de Carlos Menem, fue nombrada jueza nacional.
Asumió como jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña en 2000 pero en 2003 el Gobierno nacional la propuso para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Dejó la Justicia porteña y se dedicó al Derecho internacional durante cinco años. Entre 2003 y 2005 fue jueza de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y Yugoslavia y entre 2005 y 2008 fue integrante de la Sala juzgadora de este tribunal.
En 2009 volvió a la Cámara porteña y se desempeñó en ese cargo hasta que Macri la nombró en el TSJ. Pero en paralelo siguió vinculada con la política internacional: entre 2009 y 2015 fue integrante del Tribunal de Apelaciones de la ONU.
En la Legislatura porteña se presentó como “hija de inmigrantes” y describió a sus padres como “sobrevivientes del Holocausto” que “escaparon de la Alemania nazi”. Weinberg está casada con Eduardo Roca, un diplomático que fue embajador en los Estados Unidos y en la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y embajador ante la ONU durante la dictadura de Leopoldo Galtieri.
Como integrante del TSJ porteño, Weinberg votó con la mayoría a favor de la potestad policial de requerir documento en la vía pública, un fallo que fue resistido por los organismos de derechos humanos. También formó parte del voto mayoritario que habilitó al Gobierno porteño a la compra de las pistolas taser, fallo que fue luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En 2015 firmó un fallo en que le ordenó al gobierno porteño, por entonces a cargo de Macri, que se abstenga de mencionar y difundir imágenes en actos de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que en ese momento era candidato a jefe de Gobierno.
En su última declaración jurada, declaró un patrimonio de $11,3 millones. Reportó una casa y dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, dos autos, títulos públicos por $1,2 millones y ahorros por más de $6 millones. Si bien el TSJ porteño no publica las declaraciones juradas de sus integrantes, la candidata de Macri a la Procuración presenta declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción porque es directora del Centro Germano Argentino que depende de la UBA, que tiene objetivo consolidar las relaciones universitarias de la Argentina y Alemania.
