El 24 de octubre el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich emitió un protocolo de detención para personas pertenecientes al colectivo LGBTI. En un contexto de represión y criminalización de la protesta social y en el marco de actividades relacionadas al Orgullo LGBTI, qué significa esta medida, ni nueva, ni necesaria. Por Mariana Rodríguez Fuentes
Pocos días antes de que el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT” fuera publicado en el boletín oficial, Mariana Solange Gómez, casada con Rocío Girat, era detenida en la estación de trenes de Constitución en CABA, por besarse con su esposa, lucir chonga y no obedecer las directivas de un efectivo policial que le ordenaba abandonar el recinto.
El 12 de agosto de este año, en Tucumán, el cuerpo de Ayelén Gómez era encontrado en la vallas del Lawn Tenis, en el parque 9 de julio. Se trató de un transfemicidio anunciado, que inició 5 años atrás cuando Ayelén denunciaba ante las cámaras curiosas de tv cómo siete policías de las comisaría segunda habían abusado sexualmente de ella, golpeado y privado de su libertad. Desde que pudo escapar y se animó a denunciar, la suerte de Ayelén corrió por caminos de amenazas y transfobias de las que fue una fatal víctima.
En este contexto, en el que además se suman la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahulel, en la Gendarmería Nacional es responsable, llega el cuestionado protocolo de detención a personas del colectivo de las disidencias sexuales. Pero esta idea no es nueva, ya en el 2011 Nilda Garré, ex Ministra de Seguridad de la Nación, emitió la resolución 1181/2011 orientada especialmente al respeto en la auto percepción identitaria de las personas trans en situación de detención. Sin embargo, los maltratos y vejaciones en las comisarías y cárceles hacia el colectivo lgbti, y particularmente a las personas trans, son una estadística que aún está en construcción, debido a que denunciarlas no es común, ya que pone en riesgo la continuidad de su trabajo en las calles.
Entonces, si no es algo nuevo y, además, ya contamos con una ley Nacional de Identidad de Género, ¿no sería innecesario este protocolo?, ¿por qué el ministerio de seguridad no apuesta a la formación de su personal en base a la legislación existente?, ¿Por qué criminaliza al colectivo LGBTI partiendo del desconocimiento de las legislaciones que nos amparan?
Las organizaciones sociales militantes de los derechos humanos y las disidencias sexuales repudiaron este protocolo, enumerando una lista de argumentos:
- Criminaliza las identidades sexuales diversas. Refuerza estereotipos en donde los integrantes de la diversidad sexual somos vistos como sujetos de detención y crimen, haciendo hincapié en nuestras existencias en los espacios públicos – la calle- como lugares para actividades prohibidas –prostitución- eludiendo un debate de urgentísima necesidad como la situación laboral de las personas trans que exigen su empleabilidad en el mercado formal del trabajo, del que son permanentemente excluidas. Tampoco menciona los códigos contravencionales existentes desde la dictadura militar – como sucede en Tucumán- y que son la herramienta con la que detienen y coimean a las trabajadoras sexuales.
- Provoca una feminización de las identidades, al proponer que las detenciones a personas del colectivo LGBTI sean efectuadas por mujeres policías. ¿De qué manera esto garantizaría un “mejor trato” o menos violencia hacia lxs detenidxs? ¿Esta medida eximiría a los policías varones de formarse en cuestiones de género y diversidad sexual?
- Desconoce las legislaciones existentes, como la Ley de identidad de género o las normativas sobre derechos humanos.
Entre otros de los puntos que las organizaciones sociales señalan sobre la creación del protocolo, es que no existieron instancias previas de diálogo con la población organizada en cuestión para confeccionarlo.
El contexto de represión y criminalización de la protesta social empeora aún más el recibimiento de este protocolo. No se trata sólo de un pronunciamiento que repara sobre la (in)correcta actuación de las fuerzas de seguridad, sino de una política salvaje que el gobierno nacional viene sosteniendo y profundizando hacia los sectores sociales organizados y en lucha.
La comunidad LGBTI continua siendo una población expuesta a múltiples discriminaciones y violencias cotidianas,son éstas las problemáticas, principalmente las condiciones de vida de la población trans, sobre las que se necesita la acción del estado mediante políticas públicas reales. Ahora, el protocolo sólo tiene un efecto que profundiza aspectos criminalizantes hacia el colectivo LGBTI.
