Los tres poderes de Estado deberán implementar el Programa Nacional permanente de capacitación institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. La ley lleva el nombre de Micaela García, víctima de un femicidio.
A partir del 2019, todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deberán formase y capacitarse de manera obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la denominada Ley Micaela que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en temática de género, a través de su publicación en el Boletín Oficial.
En la edición de hoy publicamos:
— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) 10 de enero de 2019
Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que Integran los Tres Poderes del Estado. Ley 27499. Disposiciones.
Código Procesal Civil y Comercial. Ley 27500.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación el pasado diciembre. El único legislador que votó en contra fue Alfredo Olmedo, de la provincia de Salta, quien recientemente inició su campaña electoral para presidente.
El funcionario no podrá evitar las capacitaciones, ya que la ley establece sanciones para quienes se nieguen a formar parte del programa de capacitación en temas de género.
El incumplimiento será considerado una falta grave que no sólo dará lugar a la sanción disciplinaria y podrá evitar ascenso o designación, sino que, además, se hará pública la negativa a participar en la capacitación a través de la página web del Instituto Nacional de las Mujeres, que será la autoridad de aplicación. Además, la ley prevé que se publique el grado de cumplimiento de la ley.
La ley lleva ese nombre en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por quien estaba en libertad condicional luego de ser condenado a nueve años de prisión por dos casos de abuso sexual.
Qué implica la ley
1- Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
2- La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
3- El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
4- Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
5- Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
