Más de 100 trabajadores y trabajadoras sociales publicaron un documento con una serie de denuncias y reclamos contra la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
Este pronunciamiento se da frente a la conmoción social que generó el brutal asesinato de Rocío. “Advertimos sobre la campaña en curso a cargo del gobierno y la justicia, con el concurso de ciertos medios de comunicación, para blindarse de impunidad y evadir una vez sus responsabilidades”, señalan.
Ven con preocupación la persecución que viene sucediendo sobre las trabajadoras sociales que intervinieron en el caso de la niña, similar a lo que sucedió en el caso de Érika, otra niña que en 2020 murió a causas de golpes y mal nutrición.
En el comunicado, señalan que “las problemáticas sociales en las que hoy intervenimos se presentan cada vez más complejas. La pandemia COVID-19 y las medidas del ASPO agravaron las ya críticas situaciones y problemas estructurales”. Antes esto, denuncian que nunca hubo mayor presupuesto y que las políticas de protección a la niñez están vaciadas y sus profesionales precarizados.
“El desmantelamiento de las políticas sociales y la precarización laboral ponen en riesgo derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a nuestro pueblo. Frente a las campañas de desprestigio hacia nuestro trabajo, y con las que se intenta legitimar las políticas de ajuste, precarización y despidos en el sector público, los y las trabajadores y trabajadoras sociales respondemos denunciando el vaciamiento de las políticas sociales y defendiendo el trabajo que hacemos SIN RECURSOS ADECUADOS Y SUFICIENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS y los derechos que con nuestro esfuerzo bregamos se garanticen”, apuntan.
En el escrito, manifiestan la “la responsabilidad estatal, de los gobiernos y del ministro de Desarrollo Social Yedlin quienes sostienen y agravan los mecanismos de precarización del ejercicio profesional y las condiciones de trabajo. También denunciamos la hipocresía de jueces y juezas quienes protegiéndose en resoluciones e intimaciones mantienen el silencio frente a este vaciamiento de las políticas sociales y garantizan impunidad a sus responsables”.
Además, denuncian el ejercicio ilegítimo de la profesión que promueve el propio Ministerio de Desarrollo Social “para precarizar y suplir la falta de profesionales; el uso discrecional de protocolos elaborados para el funcionamiento del sistema de protección; la drástica reducción de recursos materiales y la anulación de dispositivos para el abordaje de situaciones familiares complejas; la precarización de herramientas (movilidad, comunicación, etc.) necesarias para el desarrollo de tareas propias de abordaje y la correspondiente comunicación y registro”.
Las y los profesionales se declararon en “estado de alerta y movilización ante el grado crítico en que se encuentran las políticas sociales, nuestras condiciones laborales, ante la emergencia de la situación de nuestras niñeces y adolescentes, y frente al intento de criminalización a compañeras y compañeros”.
Exigen a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de la DINAyF la designación en planta de profesionales, espacios de formación, supervisión constante, escucha a los equipos técnicos a los fines de realizar una re estructuración acorde a las necesidades de los propios espacios de intervención en función de un marco de derecho reconocido, el re establecimiento de instancias de audiencias administrativas que posibiliten a las familias conocer los alcances legales de las medidas que el órgano consideren pertinentes para la protección de niños, niñas y adolescentes, acompañamiento de Asesoría Letrada a los y las técnicas en las instancias judiciales, garantizar los recursos necesarios mecanismo para la recepción de denuncias, línea 102.
Durante la jornada de ayer los directivos del Colegio de Psicólogos y el Colegio de profesionales de Trabajo Social “se reunieron con autoridades de la DINAyF donde se solicitó la gestión de mayor presupuesto para la implementación de políticas públicas integrales de niñez y adolescencia, la reestructuración y el fortalecimiento de la intervención de la DINAyF asignando recursos que eviten la sobrecarga de trabajo de lxs profesionales; la mejora de sus condiciones laborales y la protección ante situaciones de exposición y riesgo para lxs colegas, evitando la criminalización o estigmatización de lxs mismos. Asimismo se planteó el rechazo firme a toda forma de ejercicio ilegal de las incumbencias profesionales y la necesidad de sostener abordajes interdisciplinarios en las intervenciones, así como también el ingreso laboral a través de concursos.”
