La Defensoría del Pueblo de la Nación reiteró su preocupación ante el aumento de las denuncias por casos de violencia de género que se registraron en todo el país y emitió recomendaciones para los otorgamientos de prisión domiciliaria.
Desde que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, aumentaron de manera significativa los casos por violencia de género. Desde el 1 de enero 67 mujeres fueron asesinadas por motivos de género, 33 de las cuales -entre ellas una bebé de dos meses y dos niñas de 2 y 7 años- murieron a partir del 20 de marzo último.
Diferentes medidas se fueron adoptando para dar respuesta a esta situación, reforzando las líneas de atención a víctimas de violencia de género y habilitando nuevas. De todas maneras, la “otra pandemia”, como apuntaron las organizaciones feministas para referirse a los femicidios en cuarentena, no se detiene y la curva se acelera.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación reiteraron su preocupación por el marcado aumento de denuncias de casos de violencias de género en el marco de las situaciones complejas a las que muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados, como así también por la alarmante persistencia de femicidios registrados durante el mismo periodo.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) fortaleció de la Línea 144, y diseñó nuevos canales de comunicación a través de correo electrónico y whatsapp, geolocalización de los recursos disponibles, fortalecimiento de los hogares de protección integral, excepción de las víctimas de las medidas de aislamiento por razón de fuerza mayor, articulación de alojamientos para damnificadas, medidas específicas destinadas a la población LGBTI+, entre otras.
En Tucumán también se reforzaron los canales de comunicación y se dispuso de una linea de whatsapp. Desde la Secretaria de la Mujer se realizó un convenio con hoteles para recibir a víctimas de violencia de género, ya que la provincia no cuenta con ningún refugio. De todas maneras, los mecanismos siguen sin ser suficientes.
Desde la Defensoría del Público de la Nación, expresaron que “a todas luces el otorgamiento de prisiones domiciliarias indiscriminadas y sin las garantías adecuadas de detenidos va en contra de estas medidas de protección. Al no haberse adoptado un análisis minucioso de cada caso se han visto beneficiados con estas liberaciones personas condenadas por delitos graves, violaciones, violencia de género”.
En ese sentido, la jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, Dra Julia Márquez declaraba que fueron excarcelados 176 detenidos con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores). Además, a nivel mediático se conoció de casos como el detenido que cumplía una condena por robo y violencia de género beneficiado con prisión domiciliaria por ser parte del grupo de riesgo, tuvo que volver a ser detenido por golpear a sus sobrinos. O el caso del violador de una nena de 12 años al que se le dictó la prisión domiciliaria para que la cumpla en la vivienda contigua a la víctima, sin que le avisaran a la familia o al abogado en cumplimiento de la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
La defensoría aclaró que, si bien es cierto que las medidas de excarcelación se fundan en el Comunicado 66/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el organismo recuerda a los Estados su especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el país, Roberto Valent, marcó una clara advertencia a la que la Defensoría suscribe: “establecer una ‘coordinación transversal’ en las medidas de contención social y de mitigación del COVID-19 que ‘incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada’”. Es decir evitar que medidas acertadas tomadas por un sector de la administración, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional a través del MMGyD, se vean anuladas o perjudicadas por acciones de otros poderes u organismos, por ejemplo el Poder Judicial.
Asimismo desde la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendaron que al considerar nuevos otorgamientos de prisión domiciliaria no sólo se tengan en cuenta los antecedentes de la persona privada de libertad (delito por el que ha sido condenado, comportamiento, pericias psicológicas), sino también que se haga un informe ambiental del domicilio donde cumplirá la medida, dado que en muchos casos las condiciones de vulnerabilidad de los mismos por hacinamiento, falta de infraestructura adecuada, situación de pobreza o indigencia de los convivientes, hacen que no sólo no se logre el objetivo de garantizar los derechos humanitarios del condenado, sino que se ponga aún en un mayor riesgo a otras personas y se incrementen situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Dónde pedir ayuda en Tucumán
Los números a los que se puede llamar desde cualquier punto de la provincia son:
- 381 6064159 – WhatsApp de la División de Violencia de Género de la Policía para recibir mensajes o llamadas.
- 911 – Sistema de Emergencias
- 144 – Línea Nacional de Violencia de Género
- 381 4514912 – Línea fija de la División de Violencia de Género de la Policía
- 381 6004378 – Observatorio de la Mujer
- 381 3545376 – Secretaría de la Mujer
- 381 3990988 – Oficina de Violencia Doméstica
- 381 4557236 – Cuerpo de Abogados de DDHH Tucumán (24 hs)
