El abogado de “Lupe”, Salvador Iovanne, presentó un escrito en la Legislatura donde pone de manifiesto situaciones de irregularidad que complicarían al legislador Ricardo Bussi, acusado de abuso sexual y robo de identidad.
“Tiene ganas de seguir peleando cada día más. Quiere justicia. ¿La vamos a privar de eso? Esa es la pregunta que tiene que responder la Legislatura”.
Salvador Giovane, el abogado representante de “Lupe”, el nombre con el que se conoce a la víctima que denunció al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual y robo de identidad, realizó una presentación en el día de hoy en la Legislatura de Tucumán.
En la presentación puso de manifiesto “ciertas situaciones de irregularidad y de ilegalidad cometidas por el legislador”.
En una entrevista que le realizó la periodista Mariana Romero, el jurista afirma que estas irregularidades “revisten la suficiente gravedad como para que la Legislatura realmente, y de una vez por todas, deje su papel y su rol expectante, y expulse el legislador Bussi en razón de la inhabilitación moral que le afecta específicamente“.
Al respecto, mencionó una falsa denuncia que realizó Bussi el 15 de mayo en el destacamento policial del recinto legislativo donde afirma que no conocía a la denunciante.
Posteriormente, mediamente declaraciones a la prensa, sostuvo que no solo la conocía, sino que además la había recibido en el despacho legislativo.
En el escrito, el abogado sostiene que el delito de falso testimonio “revisten la calidad de flagrantes”, que implica que el delito es público y notorio. Este condicionante, pondría un límite a los privilegios que los fueros legislativos confieren a Bussi. “Su mala fe pública pone en tela de juicio la honestidad de todo el cuerpo legislativo”, agrega.
Además, solicitan un requerimiento de explicaciones al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, ya que las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del hecho denunciado no aparecen.
La Justicia requirió las grabaciones de video y la Legislatura, a través de su de la Asesoría Letrada, Gilda Pedicone de Valls, remitió un informe indicando que se habían borrado las grabaciones de ese día.
Pedicone de Vals fue defensora del padre de Ricardo Bussi, el represor difunto condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Domingo Antonio Bussi, y cercana a Fuerza Republicana.
Esta situación despertó la inquietud del equipo de letrados que representa a “Lupe”. “Entonces, queremos saber, queremos explicaciones desde la Presidencia y la Legislatura por las grabaciones de las cámaras“.
El 22 de mayo de este año, la Legislatura de Tucumán se convirtió en la última en adherir a la Ley Nacional Micaela que establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia de género para todos los empleados estatales.
Sobre la grave denuncia de abuso sexual que pesa sobre el legislador de Fuerza Republicana, no hubo ningún pronunciamiento desde el recinto ni de sus pares.
Pedido de protección
Desde que recurrió a la Justicia, la joven de 26 años, se encuentra refugiada junto a su familia ya que denuncia ser víctima de amenazas y persecuciones. A raíz de un pedido de las organizaciones para proteger la integridad de “Lupe”, la Corte Suprema de Justicia dispuso un medida de restricción de acercamiento de Bussi hacia la denunciante, y estableció una custodia policial por parte de la Policía Federal.
La denuncia penal también es por robo de identidad, donde estarían implicados miembros de las fuerzas policiales de la provincia.
