Más de 60 organizaciones sociales presentaron una carta a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que se tomen las medidas necesarias para proteger a “Lupe”, la joven de 26 años que denunció al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual y robo de identidad.
A casi dos meses de que el legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, fuera denunciado por abuso sexual y robo de identidad, más de 60 organizaciones sociales y feministas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia “se arbitren las medidas necesarias para la protección de la denunciante “Lupe” (se resguarda su identidad)”.
La joven de 26 años denunció repetidas veces ser víctima de amenazas, por lo que se encuentra refugiada desde que realizó la denuncia a principios del mes de junio. Según expresó su abogado, Salvador Iovanne, al solicitar una custodia policial, le habrían mandado de la policía Provincial, quienes estarían implicado en la denuncia.
Para las organizaciones, “la inacción del Poder Judicial ante las distintas solicitudes de la víctima, no solo implican una revictimización de la misma, sino que se traduce en un hecho grave por parte de la Justicia que, al negar la protección de la víctima, termina poniendo en riesgo su vida”.
Esta semana se realizó una audiencia para que la defensa de Bussi pudiera acceder a la causa, ya que el secreto de sumario no permitía a la parte acceder a copias. El camarista Enrique Pedicone resolvió a favor del acusado. Además de descartar una recusación en su contra y planteos de nulidad de la audiencia, Pedicone apartó a Raúl Armando Cardozo (N°4), el juez que, por la existencia de fueros, debía investigar a Bussi.
Ese mismo día, Iovanne presentó otra denuncia contra el legislador por el delito de falso testimonio. “El declaró a la policía que no conocía a mi clienta, y luego admitió en los medios que había estado con ella en su despacho de la Legislatura. Bussi está mintiendo, es un delito flagrante y en un tema tan delicado como una agresión sexual. Ni siquiera los fueros pueden protegerlo de un delito flagrante como es el falso testimonio, que resulta acreditado”, explicó el abogado.
Iovanne, en tanto, hizo un alerta sobre la situación de indefensión que atraviesa la joven víctima. Remarcó que “Bussi es una persona peligrosa, gente de su entorno está amenazando a mi clienta”.
Por su parte, en el pedido de las organizaciones, sostienen que “la negativa del juzgado actuante sobre el pedido de protección por parte de la Policía Federal pueda derivar en un atentado contra la vida de la víctima, que de ocurrir así, sería de absoluta responsabilidad del Poder Judicial que ante un peligro latente y probado en la causa”.
La misiva concluye con un pedido expreso de “una consigna policial a cargo de una fuerza independiente, la Policía Federal, dadas las claras relaciones del acusado con las fuerzas locales, como así también pedimos que se ordene la prosecución de la causa a los fines de arribar efectivamente al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables”.
El caso
Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi y actual legislador provincial de Fuerza Repúblicana, fue denunciado en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, por un abuso sexual que habría sucedido en su despacho dentro de la Legislatura. La denunciante, que recibía una ayuda social del político tucumano, ahora se encuentra refugiada junto a su familia después de que habría recibido intimidaciones. En su declaración, la mujer hizo alusión a otros actos ilícitos que comprometerían a Bussi.
