Por Alejo di Risio para Tierra Viva
La semana pasada el Senado aprobó el proyecto de Ley de Biocombustibles que reemplaza el marco regulatorio que rigió durante los últimos 15 años en Argentina. La iniciativa fue propuesta en la Cámara Baja por el diputado Marcos Cleri, cercano a Máximo Kirchner, y se convirtió en ley con 43 votos positivos y 19 negativos. Durará hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta nueva regulación deja sin efecto la sanción que el Senado había aprobado en octubre del año pasado y que Diputados nunca llegó a votar.
Al reducir la cantidad de combustibles provenientes de los hidrocarburos de origen fósil, esta tecnología suele presentarse como ecológica, verde y renovable. Pero es considerada una falsa solución al cambio climático, ya que a pesar de reducir las emisiones asociadas al consumo de petróleo y gas, no resuelve las emisiones asociadas a su producción y procesamiento. La nueva Ley mantiene las condiciones para que una pequeña parte de los combustibles comercializados en las estaciones de todo el país provengan de cultivos procesados.
Sectores del agronegocio expresaron sus quejas en relación a la nueva norma. Sostienen que representa “mayor control para las petroleras”, ya que reduce de diez a cinco por ciento la cantidad mínima obligatoria del biodiésel de soja y maíz en el gasoil, y deja al bioetanol en doce por ciento, repartido en partes iguales para etanol de caña y maíz. Sin embargo, el seis por ciento que corresponde a bioetanol de maíz puede reducirse hasta tres por ciento en un futuro, si lo dispone la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martinez. Esto sería para evitar que un aumento en los precios internacionales pueda impactar en los surtidores locales.
Pero la iniciativa aprobada incluye también una serie de reducciones impositivas, algunas de ellas específicas de combustibles, y otras en impuestos como IVA y/o Ganancias para el caso de compra de infraestructura para las plantas que procesan soja, maíz o caña de azúcar para convertirlo en los agrocombustibles, su etapa final de agregado de valor en la cadena del agronegocio.
Resulta parte del problema fundamental que atraviesa el sector energético: la apropiación de valor a partir del control corporativo de la biodiversidad y del uso de la tierra para la generación de ganancias de un sector concentrado. Los agrocombustibles se elaboran en espacios rurales que solían estar orientados a generar alimentos que nutren a la población. Debido a las tendencias del sistema global agroalimentario, las corporaciones transnacionales tienen un rol fundamental en el control de la operación en esa producción y el agro se volvió un espacio generador de mercancías y no de alimentos.
Así, se vuelve a enmarcar a los agrocombustibles como parte de la transición energética, dentro de una versión de la misma que sigue considerando a la energía como una mercancía y no como un derecho. Al no haber emisiones de carbono en su consumo, los agrocombustibles parecen ser más ecológicos que su contraparte de origen fósil. Sin embargo, su producción está basada en el mismo sistema contaminante del agronegocio dependiente de paquetes tecnológicos de empresas multinacionales. Las experiencias de reciclado de aceite usado para cocinar son pocas y raras, entre las experiencias de combustibles de origen vegetal que realmente pueden aprovechar el desecho de otros procesos productivos y realizar un aporte real a reducir desechos contaminantes y nutrir economías locales.
Queda por ver de qué manera el Poder Ejecutivo Nacional promulgará y reglamentará la ley en el corto plazo para entender qué posibles reorientaciones en el sector habrá. Por lo pronto es necesario avanzar en propuestas alternativas a las llevadas adelante por las grandes multinacionales, sean petroleras o cerealeras, para lograr la transición hacia la soberanía alimentaria y energética. En otras palabras: desmercantilizar el agronegocio y generar redes de una agricultura que sea para el bienestar de las personas, con menor consumo energético que el que demanda el sistema agroalimentario industrial, que sigue basado en energías fósiles e importación de insumos dolarizados.
