El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, se reunió en Casa de Gobierno con Eduardo “El Vasco” Murúa, director Nacional de Empresas Recuperadas, del Ministerio de Desarrollo Social, con quien conversó sobre el tratamiento de una ley provincial para la promover el cooperativismo.
Estuvo presente en la reunión, el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado y la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez.
Murúa explicó: “estuvimos discutiendo la posibilidad de tratar en Tucumán una ley para la recuperación de empresas. Que ayude a que ninguna empresa fallida termine siendo rematada, sino que continúe en manos de los trabajadores. Que el Estado no tenga que tener un costo para eso. La ley lo que plantea es la compensación de los créditos de los trabajadores y del Estado para quedarnos con la empresa y no perder la fuente laboral”.
También contó que se conversó sobre la posibilidad de trabajar con cooperativas tucumanas para consolidarlas y generar nuevos puestos de trabajo.
Por otro lado, sostuvo que “veo bien a Tucumán. Un pueblo que camina y mejora. Tratamos de hacer una sinergia entre Nación y Provincia para llegar más rápido a la gente que hace un enorme esfuerzo para sostener su trabajo”.
Sobre el proyecto
En mayo, en un acto multitudinario en Aceitera La Matanza, una fábrica recuperada, se presentó el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas, un modo de consolidar y expandir la experiencia de empresas y fábricas recuperadas por cooperativas de trabajadorxs.
El proyecto de Ley se acompañó con el lanzamiento del ReNacER (Registro Nacional de Empresas Recuperadas), herramienta para conocer en detalle al sector que cuenta con más de 400 experiencias y elaborar políticas públicas que fortalezcan la producción, la comercialización y formalicen derechos de las mujeres y hombres que frente a fábricas vaciadas y quebradas desde fines de los 90, lograron ponerlas en marcha y defender su derecho al trabajo.
En su aspecto central, el proyecto de Ley plantea en su artículo 1 que toda unidad productiva que se encuentre en cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, vaciamiento, desmantelamiento, y más allá de los procesos judiciales pendientes “podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”.
