Los ataques a quienes denuncian violencias de género, y en particular los abusos sexuales, son moneda corriente en las redes sociales, especialmente por parte de seguidores del gobierno libertario. Casos recientes como el de Julieta Prandi muestran cómo incluso figuras cercanas al poder —como Nicolas Marquez, biógrafo del presidente— se han pronunciado cuestionando la condena judicial contra su exmarido por delitos de abuso sexual. Asimismo, Thelma Fardin, actriz que marcó un antes y un después con su denuncia contra Juan Darthes, tuvo que responder constantemente a agresiones en redes desde que se logró la sentencia condenatoria. Estos casos muestran cómo los discursos que desacreditan las denuncias se vinculan a proyectos de ley y acciones del gobierno que ponen en riesgo el derecho de las víctimas a acceder a la Justicia.
La diputada nacional Mónica Macha alertó sobre la eliminación de políticas públicas para erradicar las violencias de género —incluidas aquellas que afectan a niñas, niños y adolescentes— y sobre el avance de proyectos de ley que buscan criminalizar a las madres protectoras. Junto a otras especialistas de la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en Niñeces y Adolescencias, señaló además la existencia de un lobby que defiende a los acusados de estos delitos y que, según marca, contaría con el respaldo de integrantes del gabinete nacional de La Libertad Avanza.
El primer fin de semana de agosto, en Santiago del Estero se celebró la Séptima Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en Niñeces y Adolescencias. La diputada Mónica Macha, quien encabeza este espacio recordó a La Nota Tucumán que la Mesa Nacional nació para defender a las niñeces, acompañar a sobrevivientes y a las madres protectoras. Hoy advierte que atraviesan “el momento más difícil” desde que comenzó este trabajo colectivo.
“Estamos en un contexto sin políticas públicas para las mujeres y para las niñeces que sufren violencia. Con una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) totalmente destruida, sin política de niñez inclusiva, sin perspectiva de género y con una gestión adultocéntrica. Todo lo que habíamos logrado en algún momento ya no está, y eso implica desprotección para infancias y adolescencias”, advirtió Macha, quien preside la comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados.
La Mesa Nacional inició sus acciones en febrero de 2022 para contribuir con un debate continuo que incluye las voces de sobrevivientes, familiares, profesionales y organizaciones. Este año su encuentro tuvo lugar en la Universidad Nacional de Santiago del Estero con la presencia de referentes en la materia del ámbito jurídico, científico, social y desde la salud mental: Dora Barrancos, Carlos Rozanski, María Beatriz Müller, Enrique Stola, Melina Garcia y Jorge Lopez.
“Es un espacio intersectorial que conceptualiza y visibiliza una problemática tan extendida como silenciada. No se trata solo de acompañar casos, sino de dar una batalla cultural para que la protección de las niñeces sea una política de Estado”, explica Macha.
El avance del discurso de las “falsas denuncias”
Macha advierte que, además del desfinanciamiento de los programas y acciones del Estado, existe una ofensiva coordinada para instalar la idea de las “falsas denuncias” en casos de abuso sexual en las infancias y violencia de género. Esa narrativa planificada se traduce en dos proyectos de ley: uno en el Senado, que ya tiene dictamen y podría llegar al recinto, y otro en Diputados, en etapa de debate informativo.
“Lo grave es que ahora este discurso se fomenta desde el Poder Ejecutivo. Siempre existió el riesgo de que las mujeres que denuncian terminen criminalizadas, pero ahora hay una política activa que impulsa esa persecución. Es una organización que está pensada y que planifica cómo criminalizar a las mujeres que se animan a denunciar. Para sancionar a ellas y para generar también una un una una política ejemplificadora hacia otras mujeres”, sostiene Mónica Macha.
El proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) recibió dictamen de comisión en junio. Este proyecto fue presentado en un acto público con apoyo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Plantea aumentar penas de hasta seis años de prisión para denuncias falsas vinculadas a violencia de género, abuso, acoso sexual o violencia contra niñas, niños y adolescentes
En el mismo sentido en la Cámara de Diputados, la diputada Lilia Lemoine también presentó un proyecto similar que incluye sanciones contra quienes difundan falsas denuncias antes de que exista sentencia firme. “Hace unas semanas se realizó una reunión informativa sobre el proyecto que está en Diputados y que todavía no se ha dictaminado. Sin embargo, entiendo que el proyecto está recibiendo un acompañamiento que en otros gobiernos anteriores no han tenido,” describe Macha.
La diputada nacional recuerda que, de acuerdo con la ONU, las falsas denuncias representan apenas el 1% a nivel global y en Argentina el 0,3%. “No es un problema real en términos estadísticos, pero se usa para desacreditar y amedrentar a quienes denuncian”, remarca.
Cabe recordar que, de acuerdo al Consejo de la Magistratura, sólo 3 de cada 100 denuncias son señaladas como falsas y en su mayoría no se trata de causas judiciales relacionadas con violencias por motivos de género. Una encuesta de la iniciativa Spotlight (2022) indica que el 45 % de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez, pero solo 1 de cada 4 buscó ayuda o denunció.
En este tema que trasciende fronteras hay poco conocimiento o subestimación de su gravedad entre los diputados y diputadas de todos los bloques. “Algunos tienen una convicción clara en defensa de los derechos de las mujeres, mientras que otros muestran desconocimiento o confusión. Por eso, es fundamental profundizar en el estudio del tema y asegurar que todos los legisladores comprendan la gravedad de estas cuestiones. Además, actualmente hay una cobertura mediática sesgada: sectores con poder aparecen en medios como Clarín, La Nación y A24 promoviendo una narrativa que puede influir en la percepción pública y en la toma de decisiones,” sostiene Macha.
Un lobby que busca controlar organismos clave
Tal como lo relevó La Nota Tucumán en noviembre, Mónica Macha cuenta sobre la existencia de asociaciones que, además de defender a acusados de abuso, buscan influir en la designación del próximo titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo con mandato de cuatro años y gran incidencia en casos judicializados.
“Si ese lugar lo ocupa alguien que viene del mundo de las falsas denuncias, estaríamos dejando la protección de las niñeces en manos de quienes defienden abusadores. Sería gravísimo”, alerta.
Incluso recuerda que en una reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, asistió acompañado por referentes de estas fundaciones, lo que para Macha confirma la articulación política con el Ejecutivo. Sumado a los actos públicos que se realizaron en el Congreso de la Nación para alentar estas iniciativas legislativas que buscan amedrentar a aquellas madres denunciantes de abusos sexuales de progenitorxs o familiares contra sus hijxs.
Estrategias de resistencia y el rol ciudadano
Frente a este escenario, Macha plantea que la respuesta pasa por “la militancia y el activismo”, con el objetivo de frenar el avance legislativo de estas iniciativas y garantizar que la Defensoría de Niñez sea ocupada por personas comprometidas con la defensa de derechos. “Este gobierno ya no es una promesa ni una duda, es una realidad que sufrimos todos los días. Necesitamos que la oposición tenga más bancas para ponerle un freno a Milei”, concluye.
