El presidente Javier Milei continúa atacando al aborto y a quienes se manifiestan a favor de este derecho. En su discurso de inicio del ciclo lectivo frente a estudiantes secundarios del colegio privado Cardenal Copello, al que él asistió, calificó a la interrupción voluntaria del embarazo como “homicidio calificado por vínculo” y a los militantes a favor del aborto como “asesinos de pañuelos verdes”. Ni siquiera nombró a LAS militantes.
No es nueva su postura ni su vehemencia en contra de esta conquista del movimiento feminista que llevó largos debates en la sociedad argentina, para terminar consagrada en la Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020.
Este nuevo ataque se dá en la misma semana que Francia blinda el derecho al aborto en su Constitución, alertados justamente por esta ola de derecha neoconservadora que pretende dar marcha atrás con estas legislaciones, tal como ya pasó en Estado Unidos con el famoso caso Roe vs Wade.
Tampoco hay que perder de vista que este viernes se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde los derechos de las mujeres son reivindicados. Hasta el 2023 Argentina se posicionaba como un país pionero en materia de avances en pos de la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión del colectivo LGBTIQ+ en sus políticas públicas. Hoy es el ojo de preocupación de organismos internacionales que marcan las agendas de género.
A principios de febrero, Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley IVE e incluso volver aún más restrictiva la legislación sobre aborto no punible que regía desde 1921. Esto no prosperó ya que diputados que aparecían como firmantes de su mismo bloque, Oscar Zago y de Lilia Lemoine, negaron haber aportado la firma argumentando que el contexto no era propicio para este tipo de iniciativas.
El disfraz liberal de Milei encuentra acá su contradicción, ya que la libertad individual de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo parece no importar, como sí la libertad económica y la no intervención del Estado en cuestiones de la propiedad privada. Quedan al desnudo posiciones conservadoras.
Lejos de plantear un debate racional, fundamentado y respetuoso, el presidente ataca de lleno a quienes defienden el aborto y a aquellas mujeres y personas gestantes que deben atravesarlo.
Dato mata relato
El debate en 2020 atravesó a toda la sociedad. Más de 4.5 millones de personas vieron la transmisión en vivo, sólo en los canales oficiales del Congreso de la Nación. Hubo 810 expositores en la Cámara de Diputados y 802 en el Senado. Desde su aprobación hasta octubre de 2023 un total de 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales de sus embarazos, en establecimientos públicos de todo el país.
La ley 27.610 de Acceso a la ILE/IVE generó condiciones para el acceso al aborto seguro y esto se observa en el descenso de la mortalidad materna por aborto en el primer año de implementación de la ley, según informó el ex Ministerio de Salud, que disminuyó en 2021 de 23 a 13.
Otro dato importante es que se observó un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. Esto representa una disminución de 1,7 puntos en un año.
Desafíos y deudas pendientes
No habíamos logrado que la ley se implemente como corresponde que ya tuvimos que salir a defenderla. Lo peligroso de este tipo de discursos, legitimados al salir de la boca presidencial, es que cada vez más, los y las objetoras de conciencia encuentran validado su rechazo a realizar la práctica o a obstaculizar el acceso a quienes llegan al consultorio. Además de que vuelve atrás en la estigmatización del aborto, exponiendo a mujeres a acceder a prácticas clandestinas por miedo.
En Tucumán, tenemos dramáticos ejemplos de lo que sectores conservadores son capaces de hacer con tal de impedir que se realice un aborto, como los casos de niñas embarazadas producto de violaciones a que son obligadas a parir o los casos de “nacidos vivos de ILE”, que son malas prácticas médicas en la interrupción de embarazos avanzados que ingresas por causales.
Además, si bien la ley continúa vigente, el vaciamiento y el desfinanciamiento del Sistema de Salud Público, impacta en gran medida en la calidad de las prestaciones brindadas.
El movimiento feminista continúa alerta para defender el acceso a la interrupción voluntaria del aborto bajo el lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
