“Estoy tan feliz que no sé si estoy viva o muerta”. Lucrecia Martel presentó en Tucumán Nuestra tierra, un documental que llevó 14 años de investigación, 400 horas de filmación y más de 5.000 fotografías y material de archivo. Dos días antes, la directora salteña recibió a cuatro periodistas de medios alternativos en la casa de la militante de derechos humanos Alejandra García Araoz, el lugar que funcionó como base de trabajo durante más de una década.

Si bien el documental se centra en el juicio por el asesinato del comunero indígena Javier Chocobar, realizado en los tribunales tucumanos en 2018, el corazón de la obra se pregunta por algo anterior: quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. “Leímos cada papel, cada sello. Porque lo más difícil no era determinar quién tenía el arma con la que se asesinó a Javier Chocobar y se hirió a otros comuneros. Lo más difícil era entender por qué fue posible. Cada vez que investigábamos se iba más atrás, más atrás, más atrás. Ya eran casi 300 años de papeles que había que juntar”.

Hay una frase que atraviesa la conversación y funciona como síntesis: “No podemos seguir creyendo que inventamos un país si no desandamos el racismo”.

La película no es solo el relato de un juicio. Expone un sistema que funciona acumulando papeles y que convierte en “verdad” la palabra de unos sobre la de otros. Un mecanismo que legitima el despojo a fuerza de sellos, firmas y vínculos institucionales. Pero también es la historia de una comunidad cuya continuidad histórica fue negada durante siglos.

No es fácil borrar las evidencias de un pueblo vivo. La conquista quiso -y quiere- arrasarlo, declararlo extinto, convertirlo en pieza de museo. Sin embargo, los caminos, las casas, los árboles y los apellidos siguen marcando una presencia. A Lucrecia Martel le tomó solo 14 años poder registrar esas marcas. La memoria persiste en el territorio. 

En la investigación aparece un patrón que se repite desde la colonia: “Si yo afirmo cualquier cosa —que soy dueño de la tierra, por ejemplo— y empiezo a juntar papeles, papeles, papeles, llega un momento en que esa afirmación arbitraria se vuelve verdad para la burocracia. Porque está el papel de minería, el papel del catastro, el papel del funcionario que es amigo. Y si pertenecés a un grupo que no tuvo acceso a eso, estás desamparado.”

Martel y su equipo leyeron cada expediente y cada documento colonial que la Comunidad Indígena Chuschagasta presentó reclamando al Estado argentino el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra donde viven. 

Durante el juicio, los abogados defensores de los imputados citaron a dos historiadores para sostener que la comunidad “se extinguió”. Martel les escribió una carta manuscrita. Les envió la investigación completa y los documentos que demostraban la continuidad histórica, y les señaló que su trabajo estaba siendo utilizado para justificar un despojo. “Si decidís desoír los documentos, que supuestamente son lo que te interesa, entonces nosotros usamos eso en la película. Yo hubiera preferido que cambien su opinión. Pero no pasó”.

El racismo no aparece en grandes discursos sino en los detalles. Una risa durante la reconstrucción del crimen, el tono con el que se le habla a un testigo, la diferencia de trato entre un imputado y un comunero. “No se puede tratar a las personas así en un juicio. No puede haber esa diferencia entre a uno le hablo como vecino y al otro como si fuera infrahumano. Observen en la reconstrucción del crimen cuántas veces la comunidad no se ríe, porque no hay nada gracioso, y cuántas veces todos se ríen por los chistes de Gómez. Eso es indignante. En una reconstrucción del crimen no hay nada de qué reírse. Delfín, cuando reconstruye su parte, dice: Disculpe que le agarro la mano, un poquito más allá por favor. Hay respeto. Seamos indios en el trato con el otro. Un poco más educados”.

“Yo no sé hasta dónde es maldad y hasta dónde es brutalidad, torpeza, ignorancia. Pero ya son muchos siglos. No podemos seguir dudando de que el racismo es un invento colonial. Me da vergüenza identificarme con esa cultura criolla que maltrata. Fenotípicamente yo me parezco más a ellos que a la comunidad”, dice Martel.

Sobre el objetivo del documental, agrega: “Lo que me importaba era que sea clara, emocionalmente clara la película. Que nos de verguenza. Creo que es una emoción política muy potente. No la culpa abstracta, sino la vergüenza concreta. Ver una escena como la del juicio y decir: Qué vergüenza. Esto no puede pasar. Si no sentimos vergüenza, no vamos a cambiar nada”.

El film también ordena y digitaliza el archivo comunitario. Durante la presentación en Tucumán, con la sala llena, Martel dijo: “Avísenle al gobernador Jaldo que la investigación está ordenada y organizada, que cuando quiera, si necesita más evidencia para devolver la tierra, está disponible”.

“Lo que desearía es que la reacción sea conversar. Pensar. No negar lo que está pasando en la película. Este país hay que mejorarlo. Y no lo tiene que mejorar el gobierno: lo tenemos que mejorar cada uno en su trabajo. Si cada uno hiciera su trabajo con un poco más de respeto, el país sería infinitamente mejor”.

“No creo en el cine como herramienta pedagógica directa. Pero sí como experiencia. Una experiencia que te deja incómodo y la incomodidad es productiva”.

Lucrecia Martel es salteña. Su formación fue en Buenos Aires, pero su mirada —en los tiempos, en la paciencia del archivo, en el modo de escuchar— se sostiene lejos del centro. “Me dejó una enorme admiración por la comunidad. Por su paciencia, su organización, su dignidad. Y también me dejó claro que no alcanza con indignarse un rato. Hay que sostener los procesos largos. Esta película llevó más de diez años. Y la comunidad lleva más de cien resistiendo”.

Desde el 5 de marzo la película estará disponible en salas de cine de todo el país.