Un nuevo proyecto de adhesión a la norma que se sancionó en diciembre de 2018 y que establece la capacitación obligatoria en materia de género, fue presentado esta mañana en la Legislatura de Tucumán. Propone objeción de conciencia, y elimina el espíritu integral de la ley.
Esta mañana ingresó a la Legislatura de Tucumán un nuevo proyecto de adhesión a la Ley Micaela. Este proyecto alternativo, firmado por el presidente subrrogante Regino Amado (PJ), Walter Berarducci (PJS), Daniel Deiana (PJ), Raúl Albarracín (PJS) y Sandra Mendoza (PJ), rechaza la obligatoriedad de las capacitaciones de género, establece la objeción de conciencia, permite capacitaciones en instituciones privadas, y elimina el espíritu integral de la ley al hablar solamente de la violencia contra la mujer.
La semana pasada, desde el Fuerza Republicana presentaron un proyecto de ley para rechazar la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela y hacer una propuesta de capacitación diferente. En la fundamentación del proyecto se refieren al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como una “Gestapo ideológica” y piden que ONGs de Tucumán supervisen los contenidos de las capacitaciones en violencia de género.
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Ahora, la Comisión de la Mujer deberá reunirse nuevamente para evaluar los proyectos que ingresaron en los últimos días. Está previsto que en la próxima sesión, el 21 de mayo, sea tratado este tema.
El presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, expresó ayer, a la salida de la reunión de la Comisión de Labora Parlamentario que “la iniciativa ya tiene dos dictámenes de comisión, pero se presentaron nuevos proyectos respecto al tema. La Comisión pertinente se volverá a reunir para hacer las evaluaciones correspondientes. Les sugerí a los Presidentes de los Bloques y a los Legisladores interesados, que participen de esta reunión, ya que es una cuestión de mucha importancia”, sostuvo.
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres expresaron en un comunicado que “la perspectiva de género busca desmantelar la construcción binaria de la sociedad, erradicar la violencia que propugna la desigualdad construida a partir de la diferencia sexual y brindar herramientas desde la infancia temprana para fortalecer la autonomía libre de abusos, discriminación y violencias de género”.
Sobre la objeción de conciencia, sostienen que “objetar la perspectiva de género implica desconocer normas de rango constitucional que resultan insoslayables para un Estado democrático que se precie se respetar los derechos humanos. Y en el marco de una coyuntura de violencia inocultable contra las mujeres, convertir en ley este comportamiento compone un mensaje político que avala el machismo, la misoginia y la familia patriarcal: la que mata, la que viola, la que abusa y la que oprime”.
Durante esta mañana organizaciones que integran el colectivo Ni Una Menos, la Multisectorial de Mujeres, Mujeres x Mujeres y Mumala participaron de una audiencia con legisladores y legisladoras para dar testimonios sobre la importancia de la adhesión a la ley sin modificaciones.
Sobre la Ley Micaela y una Legislatura que se niega a la capacitación
La Ley Micaela viene a dar cumplimiento a Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) que contiene prescripciones vinculadas a acciones de capacitación, en cabeza de cada uno de los Poderes del Estado y Ministerios.
El objetivo principal es brindar las herramientas necesarias a quienes integran el Estado para trabajar y lograr intervenciones más eficientes y adecuadas en torno a esta problemática que atraviesa a toda la sociedad.
La Ley Micaela fue sancionada hace un año y cuatro meses. Tucumán fue una de las primeras provincias en presentar un proyecto de adhesión con la conformación anterior de la Legislatura. La iniciativa fue planteada por las peronistas Graciela Medina, presidenta de la comisión de la Mujer, y Sandra Mendoza, y por los radicales Adela Estofán y Fernando Valdez, los primeros días de 2019. Luego se sumó otro proyecto de la legisladora Silvia Rojkés, del bloque Tucumán Crece-PJ, y otro más de Stella Maris Córdoba.
En agosto de 2019, estaba previsto que se tratara el proyecto unificado de adhesión a la ley (Expte 427-PL-18) que contaba con dictamen favorable de la “Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres” con fecha 29 de julio de 2019. De un momento a otro, el tema fue sacado del orden del día, lo que despertó inquietudes al respecto.
