Familiares y victimas del gatillo fácil presentaron una serie de pedidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Tucumán, que van desde ser convocados hasta la derogación de la Ley de Contravenciones.
Los recientes crímenes de Luis Espinoza y de Ceferino Nadal volvieron a poner el foco en la problemática del gatillo fácil en Tucumán. Por ello los familiares y victimas de este flagelo presentaron este lunes una serie de pedidos a la Legislatura.
Exigen al poder Legislativo que los convoquen porque “somos los que cargamos con la experiencia del gatillo fácil” manifestaron.
Acompañados de 28 organizaciones sociales y de Derechos Humanos, solicitan que se avance sobre el debate para derogar la Ley de Contravenciones por ser “inconstitucional y discriminatoria“.
A su vez, afirman que existe una necesidad urgente que el Estado desarrolle un programa de acompañamiento psicosocial para la “atención profesional para la salud mental y avalúe las condiciones de vulnerabilidad” de las familias.
“El estado es responsable en garantizar el acceso a la justicia; el tratamiento de las causas en consideración a la gravedad institucional; la atención digna y respetuosa a las familias” argumentan.
Familiares presentaron un pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para conocer el estado de las 14 causas que hay de gatillo fácil en la provincia.
También solicitaron a la ministra de Gobierno Carolina Vargas Aignasse que intervenga en el diálogo en cuanto a las políticas de seguridad y que convoque a los familiares.
