Mientras el Senado busca firmar un dictamen sobre el proyecto de legalización del aborto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, en Tucumán, la legisladora Sandra Mendoza, presentó un proyecto que se tratará durante la mañana de hoy para declarar a la provincia como “provida”.
En la recta final del debate que atravesó cada hogar, escuela y espacio de trabajo a lo largo y ancho de Argentina, los esfuerzos para evitar que la ley de interrupción legal del embarazo salga se multiplicaron. Durante la jornada de ayer, a 7 días de que se vote el proyecto en el Senado de la Nación, la legisladora Sandra Mendoza, en conjunto con su cuñado, el mellizo Juan Enrique Orellana, presentaron un proyecto de resolución para declarar “provida” a la provincia.
El proyecto será presentado a las 10:30 de la mañana en la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, presidida por Graciela Medina, y, según adelantó Mendoza, contaría con los votos necesarios para que se apruebe en la sesión del día jueves.
En mayo de este año, el Concejo Deliberante declaró al municipio capitalino como ciudad pro vida. Actualmente tienen ordenanzas en contra de la despenalización del aborto Yerba Buena, Concepción, Las Talitas, Aguilares, Monteros, Banda del Río Salí, Trancas y Alberdi. En Junio, el legislador Raúl Albarracín realizó un intento similar, presentando dos proyectos pretendiendo que la Legislatura siente postura “a favor de la vida”, una de ellas para exhortar a los Senadores tucumanos a rechazar el proyecto de legalización del aborto; y la segunda para respaldar a profesionales de la salud que se manifestaron en contra del proyecto de ley. Finalmente ninguno de los proyectos fue tratado.
Desde el colectivo Ni Una Menos realizaron una presentación dirigida a la presidenta de la comisión, alertadas sobre la maniobra política para obstaculizar el debate, que busca frenar la declaración, ya que denuncian que representaría sólo a una parcialidad de la ciudadanía de la provincia. A su vez esgrimieron argumentos legales y jurídicos, que indican que la acción sería solamente declarativa, sin ningún valor constitucional, vulnerando la normativa penal, que goza de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional.
Consultada sobre la inconstitucionalidad de la declaración, la abogada Alejandra Iriarte, explicó que “la facultad de dictar el código penal es de la Nación y no de las provincias (art. 75 inc. 12 y art. 126). Hoy ya existe la posibilidad de abortar por causales de acuerdo al artículo 86, por lo que la provincia no puede dictar normas locales que vayan en contra de lo que dice la normativa de fondo a nivel nacional, en este caso el Código Penal”.
A través de redes sociales, comenzó a circular una carta dirigida a las y los legisladores, manifestando la preocupación ante el intento de etiquetar a Tucumán como provida, denunciando que “el proyecto impulsado solo pretende obstaculizar el debate nacional sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Si bien, cada persona es libre de tener la posición que crea correcta en este debate, no puede utilizarse a la Legislatura Local como herramienta para obstruir el tratamiento de un proyecto nacional”. La misma ya cuenta con más de 500 firmas y será presentada hoy.
El proyecto es impulsado por la misma legislatura que hasta el momento no ha adherido a Ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en el año 2002.
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