La Cámara Federal de Tucumán dictó un nuevo fallo para proteger al ambiente y dictó la suspensión de las actividades mineras.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dio lugar una acción de amparo por daño ambiental en contra de la empresa Minera Alumbrera Limited e YMAD y ordenó la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos “Bajo de la Alumbrera” y “Bajo el Durazno”, en la localidad de Andalgalá, Provincia de Catamarca.
Asimismo, la Justicia dictaminó que se contrate un seguro ambiental que garantice la recomposición del posible daño y ordenó se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producido por las filtraciones originadas en el dique de colas -entre otros factores contaminantes.
Fueron los jueces subrogantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Daniel Bejas y Guillermo Molinari quienes dictaron el fallo.
La causa por contaminación ambiental contra la minera fue iniciada en 2010 por una propietaria de terrenos donde están los yacimientos.
Allí se pedían estudios para corroborar los resultados ambientales de la operación de la minera, en especial a través del análisis de los llamados “dique de colas”, depósitos donde las empresas vierten el líquido compuesto por metales pesados y otras sustancias, producto de la propia actividad. Y también se solicitaba el cese de la operación hasta que se contratara un seguro para financiar el posible daño ambiental. La medida cautelar tuvo sucesivos rechazos desde 2010 hasta que en 2016 la Corte Suprema ordenó que el tribunal federal local se vuelva a pronunciar al respecto.
En el fallo se citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
La mina, que inició sus operaciones en 1997, está preparando su cierre, programado para 2018, y ahora deberá estar inactiva hasta tanto presenten documentación que constate que están en el camino de la remediación ambiental por la contaminación que hubiera ocasionado.
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