La Cámara Federal investiga un posible “abandono de persona” por parte de Gendarmería pero descarta una “desaparición forzada”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado para determinar si los efectivos de Gendarmería Nacional que participaron del operativo de desalojo durante la protesta mapuche incurrieron en el delito de “abandono de persona” en el distrito de Cushamen en la comunidad Pu Lof.
La cámara consideró que “se investigó una única hipótesis delictiva sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el Río (Chubut) con Maldonado”.
De esta manera, se revocó la resolución del juez federal de Chubut, Gustavo Lleral, pero se descartó una “desaparición forzada” aquel 1 de agosto de 2017.
El joven de 28 años estuvo desaparecido por 70 días a partir del 1 de agosto de 2017, tras la violenta represión de la Gendarmería en el Departamento de Cushamen, provincia de Chubut.
Para la Cámara de Apelaciones, la “hipótesis más probable del hecho”, es que Maldonado murió por “asfixia por sumersión” y que el cuerpo permaneció en el río desde su desaparición. Sin embargo, solicitaron una serie de medidas para “despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad”.
“Los resultados de la autopsia anularon prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de integrantes de dicha fuerza. La autopsia reveló datos concretos que contribuyen a desestimar la intervención directa de terceras personas en la muerte de Santiago Maldonado. Sus ropas no presentaban desgarros, roturas, ni signos de arrastre, erigiéndose en un dato relevante la ausencia de lesiones externas (ni contusas, ni cortantes, ni penetrantes), ni signos compatibles con medidas de sujeción. Por su parte tanto el estudio radiológico como el examen corporal interno, permitieron descartar la presencia de lesiones traumáticas”, aseguró el fallo.
Para los magistrados, se trató de una “muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”.
“Corresponde ampliar la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva (…) Corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon al suceso”, concluyó.
