Una familia campesina del sur de la provincia será desalojada de las tierras que habitan hace más de 30 años. Luci Robles y su compañero Benjamín Pérez residen en el paraje El Oasis de la localidad de Lamadrid desde 1992. En ese lugar nacieron y fueron criados sus hijos y sus nietos. Trabajan la tierra criando cabras de monte, viviendo de la producción de leche, quesos y carne de cabras, haciendo conservas y artesanías de los recursos que les dan el monte nativo.
El 14 de octubre serán desalojados por orden de la Justicia. Según relatan, “hace unos años la Sra Carolina Bravo, trabajadora del AFIP, que reside en Yerba Buena, decidió reclamar la tierra donde vive Lucy y su familia, iniciando así un juicio civil, en el cual la inoperancia y la indiferencia de las instituciones, que debían velar por el derecho a la propiedad de esta familia, de manera deliberada llevó a que Lucy perdiera el juicio en el año 2018”.
En aquel momento se dictó una medida de desalojo que fue suspendida por la presencia de los nietos de Lucy, menores de edad. Hace pocas semanas, la jueza Ivana Jaqueline Mockus de Brodersen, del Centro Judicial de Concepción, emitió un fallo ordenando el desalojo de manera inminente para el día 14 de octubre a las 10 am.
“Esta fecha tan significativa para el campesinado en el mundo, primero por que el 15 de octubre es el día internacional de la mujer rural y segundo porque el 16 de octubre es el día Mundial de la alimentación, por la Soberanía Alimentaria”, publicó la referente del MOCASE Deolinda Carrizo, quien estuvo en la provincia este fin de semana acompañando a la familia Robles.
“Que la Justicia falle contra Lucy, Benjamín y su familia es la condena al hambre, desempleo, miseria; a seguir concentrando, explotando la tierra y bienes naturales, a seguir aumentando la desigualdad, agravando aún más las consecuencias sociales y ambientales acarreadas por el modelo agroindustrial que es eficaz y sostenible solo para los especuladores que lucran con los alimentos”, denunció Carrizo.
Actualmente el abogado que defiende a los Robles es Maximiliano Perez. Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la organización TUCMA acompañan el reclamo de la familia.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un escrito al juzgado solicitando que no se lleve a cabo el desalojo y se respeten los derechos de la familia campesina consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos (ONU) y en la Ley Nacional de la Agricultura Familiar.
