El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán expresó su apoyo y solicitó a la Legislatura de Tucumán que adhiera a la Ley Micaela.
La necesidad de que Tucumán adhiera a la Ley Micaela sin modificaciones sigue sumando adhesiones.
Durante la mañana de hoy, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán expresó su apoyo y solicitó a la Legislatura de Tucumán que adhiera a la Ley Micaela.
El Consejo Interuniversitario Nacional ya adhirió a la Ley Micaela durante el 81° Plenario de Rectores del CIN, que tuvo lugar en Córdoba. Dentro de ese marco, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán aprobó la adhesión también a través de la Res.N°2345/19.
Desde la facultad, recordaron que “en el contexto de la actual crisis sanitaria, la pandemia del Covid 19, el número de muertes de mujeres por violencia en confinamiento domiciliario ha crecido. Así, observamos que el femicidio que supone el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal (ONU) es la expresión más evidente de la violencia machista”.
También citaron a Diana Broggi, subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, quien señaló que “uno de los objetivos de la Ley Micaela es el desarrollo de un plan de formación continuo que siente las bases de una verdadera transformación cultural al interior del Estado, condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas”.
“Es a través de políticas públicas efectivas que la violencia de género y contra las mujeres debe ser abordada. Por todas estas razones, solicitamos a la Honorable Legislatura de Tucumán que adhiera a la Ley Nº 27499 “Ley Micaela” sin demoras y sin modificaciones”, finaliza la misiva.
La ley Micaela estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado.
Los contenidos de las capacitaciones apuntan entonces a la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia de género en todas sus formas, de acuerdo con la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
