Los magistrados afirmaron que las “escuchas” solo pueden ser dispuestas por orden “fundada” de un juez, para casos concretos y por un plazo determinado.
La Corte Suprema de Justicia precisó hoy que las escuchas telefónicas deben ser utilizadas “exclusivamente para contribuir al esclarecimiento” de delitos en procesos penales en curso y manifestaron su “preocupación” respecto de la difusión pública de las intercepciones telefónicas.
En la Acordada 17/2019 firmada por los cinco miembros del máximo tribunal, dejó en claro, además, que las escuchas telefónicas son una “herramienta al servicio de la función jurisdiccional”y dio una serie de recomendaciones al respecto.
Destacó además que “la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio”.
En ese sentido, expresó que sin esa garantía constitucional “toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.
Los magistrados afirmaron que las “escuchas” solo pueden ser dispuestas por orden “fundada” de un juez, para casos concretos y por un plazo determinado.
Los jueces pidieron, de ese modo, a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que “certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.
La Corte dijo que “como cabeza del Poder Judicial” y “garante del goce de las garantías individuales sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”.
Asimismo, exhortó a los jueces en lo penal a que “extremen los recaudos necesarios para establecer límites objetivos en la incorporación de elementos probatorios al expediente, excluyendo: cualquier comunicación entre los abogados y sus clientes”, o “transcripción y/o audio en el que se registren comunicaciones sobre temas de índole personal que resulten inconducentes a la investigación” que realizan.
“El respeto o la violación de la privacidad es uno de los síntomas que permiten diferenciar a los sistemas democráticos de los regímenes autoritarios y/o totalitarios”, consignó la Acordada.
Los magistrados afirmaron que “la obtención furtiva de datos personales o información sensible” sin fundamento en una investigación judicial, “la elaboración de registros preventivos, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley”, sino que deben merecer “el máximo repudio social”.
El documento aclaró que “rigen para los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que tengan participación activa en la intervención y/o responsabilidad sobre estos elementos probatorios el deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos medios”.
Los jueces precisaron en la Acordada que al finalizar el proceso en el que se dispusieron las interceptaciones “los registros de sonido de las comunicaciones y las transcripciones que se hubieren realizado serán puestos a resguardo del acceso público, sin que pueda accederse a ningún fin, sino por orden judicial y razones justificadas”.
La Acordada indicó además que “la interceptación y captación de comunicaciones es un eslabón de una cadena que comprende las etapas de almacenamiento, traslado, incorporación al proceso y destrucción en los supuestos previstos por la ley” y advirtió que una falla en cualquiera de ellas “afecta la confiabilidad de todo el sistema”.
La Corte expuso que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (DAJuDeCO), a cargo de la interceptación de comunicaciones “solo presta servicios de investigación criminal a requerimiento de magistrados judiciales o del Ministerio Público Fiscal” y aclaró que “tiene absolutamente vedado el ejercicio de actividades de Inteligencia”.
