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Situación en cárceles: el 60% de los detenidos no tiene condena firme

La Procuración Penitenciaria de la Nación advirtió sobre el uso extendido de las prisiones preventivas en las cárceles federeales. Entre las mujeres, el porcentaje llega al 70% y empeora cada año. Por Enrique de la Calle para Agencia Paco Urondo.

La prisión preventiva está prevista en el código penal para situaciones excepcionales: cuando una persona imputada puede obstruir su propia investigación o si existe el riesgo de que se vaya del país. Sin embargo, en la Argentina esa excepción se volvió la norma hace muchos años, a pesar de la preocupación que recientemente mostraron funcionarios judiciales relevantes como el propio presidente de la Corte Suprema o el ministro de Justicia nacional. 

Según un relevamiento referido a las cárceles federales, casi el 60% de los detenidos no tiene condena firme. En criollo: para la justicia argentina son inocentes, pero están privados de su libertad. Sobre casi 12 mil presos, 6770 están en situación de procesamiento. Ese número crece año a año: en 2009 eran 4872. Desde 2016, primer año de la administración de Cambiemos, se observa un aumento de las detenciones y un leve empeoramiento de la relación procesados/detenidos. 

Así lo advirtió la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en un informe en el que recordó los pronunciamientos internacionales en contra de este procedimiento. La PPN citó al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En su último relevamiento, la PPN además se refirió a las mujeres encarceladas. En ese universo, la cantidad de detenidas sin condena alcanza al 70% (en 2012 era el 61%). Siempre según la Procuración, la mayoría está encarcelada por supuestas infracciones a la ley de estupefacientes. “En promedio poseen alrededor de 37 años de edad. Los datos también dan cuenta de que la gran mayoría de ellas son madres y tienen en promedio 3 hijos/as a cargo”, resumió la PPN. 

Así las cosas, la situación es doblemente grave. Por un lado, se afecta un derecho básico de una persona, esto es, no ser privado de libertad sin condena firme. Por otro, se agrava un problema preexistente, como es el de la superpoblación carcelaria. 

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