Luego de dos años inició el juicio por la desaparición forzada seguida de muerte del trabajador rural Luis Espinoza en mayo del 2020. En el crimen están imputados 9 efectivos policiales de la Comisaria de Monteagudo y dos civiles. El homicidio de Espinoza es uno de los casos emblemáticos de la brutalidad policial durante estricta cuarentena por la pandemia del COVID 19 en Argentina.
El Tribunal integrado por los jueces federales Enrique Lilljedahl, presente en la sala, y Juan Carlos Reynaga, Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Jorge Basbús dio inicio al juicio por la desaparición forzada seguida de muerte del trabajador rural Luis Espinoza y la detención ilegal de Juan Espinoza, hermano de la victima.
Al momento fueron detenidos e imputados: Rubén Héctor Montenegro (defendido por Leandro Juárez) José Alberto Morales (lo asisten Ernesto Baaclini y Camilo Atim), Gerardo Esteban González Rojas (lo defienden Julio Herrera y Sergio Rubén Faiad), Mirian Rosalba González (la defiende Mario Mirra), Claudio Alfredo Zelaya ( defensor José Luis Robles), Carlos Lisandro Romano (lo defienden Gustavo Morales y Luis Abadie), José María Paz (lo asiste el defensor oficial Mariano Galleta), Héctor Fabio Villavicencio (lo asiste Hernán Suárez), René Eduardo Ardiles (contrató a Miguel Mercado), Victor Manuel Salinas (lo defiende Jorge Muñoz) y Álvaro Gonzalo González (lo asiste también Herrera).
La Fiscalía del Tribunal Oral Federal a cargo del Dr. Pablo Camuña acusa por los delitos de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, por haberse cometido mediante abuso de la función como integrantes de miembros de la fuerza y por el empleo de armas de fuego a Morales, González Rojas, Myriam González, Alfredo Zelaya, Carlos Romano, José María Paz, René Ardiles, Rubén Montenegro y Víctor Manuel Salinas.
En un primer momento la causa se encontraba en manos de los tribunales provinciales, pero tras un planteo realizado por el fiscal Antonio Gómez, la Cámara de Casación Penal resolvió que el caso deberá tratarse en el fuero federal por considerar el hecho como “de extrema e inusitada trascendencia, que, incluso, podría ser enmarcado como una grave violación de los derechos humanos”.
El hecho
Luis Espinoza fue hallado sin vida, envuelto en bolsas de plástico y encintado, en la zona de Alpachiri, provincia de Catamarca, a unos 200 metros del límite con Tucumán. El trabajador rural de 31 años estuvo desaparecido durante 7 días.
El viernes 15, la policía tucumana intervino para dispersar una cuadrera no autorizada. Luis y su hermano Juan Antonio pasaban, en camino desde su casa en Rodeo Grande a la de una familiar en el paraje El Melcho. Los policías golpearon a Juan hasta dejarlo inconsciente, pero antes de desvanecerse pudo ver que uno de los policías disparaba contra Luis y que lo cargaban en una camioneta. Nunca más se supo de él.
“Cárcel común y cadena perpetua para los responsables”
La familia y amigos de Luis lo buscaron desde un primer momento. Se organizaron para cortar la ruta y visibilizar la desaparición. La rápida reacción obligó al poder judicial a intervenir, y, tras recibirse los primeros testimonios e informes periciales, hallaron sangre en la camioneta donde lo habrían trasladado a Luis.
El cuerpo de Luis fue hallado en un precipicio de 150 metros de profundidad y envuelto en bolsas rodeadas de cintas el 21 de mayo., el mismo día que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la provincia de Tucumán y se reunió con el gobernador Juan Luis Manzur.
“Queremos que paguen todos los responsables del crimen de mi hijo, que tengan la cadena perpetua y cárcel común” dijo Gladys Herrera, madre de Luis, al entrar al juicio.
Además Herrera contó un detalle escabroso. El subcomisario Montenegro le habría dicho mientras pasaba con la camioneta frente a su casa: “Quédate tranquila yo ya lo solté a tu hijo”, mientras el cuerpo sin vida de Luis se encontraba en el vehículo.
La querella de la familia Espinoza esta a cargo del Dr. Carlos Garmendia.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, durante la cuarentena hubo 92 muertes en manos de las fuerzas de seguridad. El crimen de Espinoza fue uno de los primeros y fue producto de la decisión del Estado por poner en manos de las fuerzas de seguridad la tarea de controlar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorios en aquel momento.
