Más de 9.000 personas se sumaron para repudiar la denuncia contra los médicos que garantizaron la ILE de Lucía.
En menos de 24hs, más de 9.000 personas de todo el país se sumaron para repudiar la persecución contra los profesionales que garantizaron el aborto no punible en el caso de Lucía, la niña tucumana de 11 años que cursaba un embarazo forzado.
Cladem Argentina, Andhes y organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos de Argentina y Latinoamérica salieron a respaldar a la doctora Cecilia Ousset, al doctor José Gigena, y a la Defensora de menores Adriana Romano Mazzone, por considerarla “maliciosa”.
Equality Now, Fundación Huésped, Ni una menos Tucumán, Hijos Tucumán, ADN, Multisectorial de Mujeres de Tucumán, Multisectorial de Mujeres de Salta, Red de abogadas feministas, Plenario de Trabajadoras, Actrices Argentinas, Frente Dario Santillán Corriente Nacional, son algunas de las organizaciones que firmaron el repudio. También se sumaron cientos de periodistas, entre ellas Ingrid Beck, Liliana Hendel, Mariana Carbajal, Estefanía Pozzo, entre otrxs, junto a miles profesionales de la Salud, docentes, estudiantes, investigadores, abogadxs y científicos.
La denuncia, sostienen, constituye un “amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación”. El retraso de la intervención, que llevó a que los médicos realicen una cesárea, se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán.
La escritora Claudia Piñeiro, quien también se adhirió al pedido de cese de hostigamiento, expresó: “Vergüenza absoluta lo que está pasando en Tucumán. Torturaron a una niña de 11 años y ahora acusan a los únicos que cumplieron la ley. Quieren disciplinar, que las niñas sean madres porque ellos así lo desean. No lo permitamos”.
Entre lxs politicxs que se sumaron figuran la Cecilia Moreau (Diputada Nacional), Pablo Yedlin – Diputado Nacional, Alicia Gutiérrez (Diputada Provincial de Santa Fe), Gil Lavedra y concejales y referentes sociales.
Comunicado completo
Desde Cladem Argentina, Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogadxs de sectores antiderechos, contra las doctoras Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gigena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación.
En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura.
Por lo tanto la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Giannoni fue denunciada recientemente por los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí por su accionar en el caso Lucía. Recordamos que el 11 de febrero las autoridades del Hospital del Este recibieron un advertencia de apercibimiento de Giannoni mediante el Oficio 10/2019. Su accionar malicioso y contrario a la ley generó el clima necesario para este tipo de denuncias. Es, al mismo tiempo, quién en su Fiscalía colgó carteles “no cuenten conmigo” cuando la Cámara de Diputados dio medio sanción a la ley para la legalización del aborto. Consideramos que la fiscal actúa bajo los mandatos de su ideología y no apegada a lo que dicen las leyes vigentes.
Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen.
El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidos consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña.
Por todo esto, instamos a la fiscal Adriana Giannoni a frenar con la intimidación hacia profesionales que solo cumplieron con las leyes. No hay delito que investigar: exigimos el inmediato archivo de la causa. Reiteramos nuestro apoyo a Gijena y Ousset y al resto de los profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres.
