El sábado 16 de agosto, durante la madrugada, atacaron brutalmente a Juan Sabin, un joven de 24 años que salía de bailar. Un grupo de hombres lo golpeó en el piso hasta provocarle una doble fractura de mandíbula. Juan hizo público lo sucedido para pedir ayuda económica y cubrir los gastos médicos que debe afrontar, ya que además se encuentra desempleado.
Según relató, uno de los agresores dijo: “Déjenmelo, siempre quise pegarle a uno de estos”. Y él mismo denunció: “No me quisieron robar, me pegaron por puto. Me quisieron matar”.
A principios de mes, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+ publicó un informe que muestra un incremento del 70 % en los ataques contra la diversidad sexual durante el primer semestre de 2025. En ese período se registraron 102 crímenes de odio en el país, lo que ya representa el 72 % del total anual de 2024. De esa cifra, 17 resultaron en muertes y 85 en lesiones graves a la integridad física.
Las prácticas de odio son sistemáticas y se sostienen en un clima político y social hostil, alimentado por discursos oficiales que estigmatizan a los feminismos y a las identidades de la diversidad sexual. Estos discursos habilitan la violencia tanto en el espacio público como en los hogares y, de manera alarmante, en instituciones estatales como comisarías y unidades penitenciarias.
La violencia contra la diversidad sexual es simbólica, estructural y también física y concreta. El aumento de los crímenes está directamente vinculado a la intensificación de la violencia estatal. El cierre del INADI, la eliminación de áreas de diversidad en distintos ministerios y la desarticulación de políticas de inclusión se suman a la legitimación de discursos discriminatorios reproducidos desde el gobierno nacional.
El informe concluye que el Estado no solo incumple con su deber de protección, sino que además se constituye como un actor central en la reproducción de la violencia, ya sea por acción directa de sus fuerzas de seguridad o por omisión en la garantía de derechos básicos. Frente a lo que considera una crisis de derechos humanos, el Observatorio demanda el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio, la urgente sanción de una nueva Ley Nacional contra la Discriminación y la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia, reparen a las víctimas y promuevan una cultura de respeto e igualdad.
