Héctor Reyes Corvalán, de 56 años, era un campesino santiagueño que murió el 22 de octubre, luego de haber resistido un violento desalojo en las tierras que lo vieron crecer. Su nombre se suma a la larga lista de muertos por defender el derecho a vivir en y de la tierra en Santiago del Estero, la provincia con mayor porcentaje de población rural en relación con su territorio.
Hace 30 años que Héctor Reyes Corvalán trabajaba en un campo en el paraje Suncho Pampa, departamento Pellegrini, 240 kilómetros al norte de Santiago del Estero. Esas tierras antes fueron de su madre y su padre. Los problemas comenzaron en el año 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada reclamó la titularidad de las tierras y la batalla judicial se daba por iniciada.
Como sucede en la mayoría de los casos de conflictos territoriales, el poder vence a la historia ancestral. Una disputa despareja, donde la balanza se inclina del lado de quien más dinero tiene.
Quesada es un empresario cordobés dedicado al cultivo de la soja que en agosto de 2012 pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. Los intentos de desalojo fueron rechazados por las familias que habitan en el lugar e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres y el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).
“En aquel momento mandó dos camionetas con matones y una topadora para destrozar todo. Fueron a las 3 de la mañana y comenzaron a hacer tiros hasta que salieron corriendo de la casa. Alcanzaron a otro de mis hermanos y lo agarraron a patadas. Lo detuvieron en la policía del Mojón y no nos dejaron llevarlo al hospital. La policía es cómplice con el empresario, porque le paga y nosotros no tenemos plata, a gatas juntamos para pagar a los abogados. Esa es la pura realidad”, relató Isabel Corvalán, hermana de Héctor, sobre el primer ataque que sufrieron.
Isabel vive en Tucumán y estuvo todos los días al lado de Héctor, mientras estaba internado en el Hospital Centro de Salud, esperando su pronta recuperación y jurando justicia para su hermano.
Su otro hermano, aquel que había sido atacado en 2011, quedó con insuficiencia renal crónica y con diálisis continua. “Todo va quedando impune, porque ellos nunca han pagado nada”, dice Isabel con los ojos llenos de lágrimas y la voz llena de bronca. “Esa vez han matado las vacas, los chanchos, las cabras, todo lo que había. Hicieron lo que quisieron”.
Con la lucha campesina recuperaron la posesión de las tierras y levantaron nuevamente, y de a poco, su casa. Y comenzó el proceso judicial con Quesada para evitar el desalojo.
Entre 2012 y el pasado octubre, Héctor continuó siendo amenazado y hostigado. “Y ahora mandaron el desalojo, no mandaron a destrozar todo lo que hicieron. Si la orden era legal yo creo que la ley dice que hay que notificar, pero no lo notificaron nada”, explicó Isabel.
El día de los hechos, otro trágico 12 de octubre para la historia argentina, Héctor se encontraba solo. En esas tierras vivía junto a María Rosa Frías, su concubina, junto a los tres hijos de ella. Además, tenía cinco hijos de un primer matrimonio que vivían en un paraje cercano. Ese día, Rosa se encontraba trabajando en una escuela cercana de Chañar Pozo, a 10 kilómetros de Suncho Pampa, y los hijos estaban en la escuela del Mojón, a 17 kilómetros.
“El Negro”, como le decían sus hermanos, realizaba las tareas cotidianas con sus perros, cuando cerca de las 10 de la mañana, llegaron al lugar diez policías de la comisaria de El Mojón con el oficial José Francisco Corvalan, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo Roberto Corvalán, de la División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldan y otros, en total de diez policías aproximadamente, junto al Oficial de Justicia Luis Rodolfo Scillia y Néstor Quesada con dos camionetas con personas a su cargo.
Según informaron desde la Mesa Provincial de Tierra – MOCASE, ingresaron de manera violenta, ejecutando un desalojo ordenado por la dra. María Cecilia Paskevicius, del Juzgado Civil de Tercera Nominación, magistrada que en reiteradas oportunidades emitió órdenes judiciales en contra de los derechos campesinos e indígenas, de las familias y sus territorios.
Lo que sucedió esa mañana quedó registrado en un video que se viralizó. Héctor tenía una botella con gasolina en la mano y un encendedor. Amenazaba con prenderse fuego si no se retiraban. Quería evitar el desalojo, incluso poniendo en riesgo su vida. Luego de una disputa verbal, en el video se pueden escuchar disparos de balas de goma. Inmediatamente los policías corren hasta el campesino y, en tan solo segundos, Reyes Corvalán se volcó el combustible en la cabeza y se prendió fuego, como un grito desesperado de justicia ante tantos atropellos y desigualdad.
“¿No se tiene que preservar la vida?”, cuestionó Isabel. “Viendo el estado en el que estaba mi hermano ¿tenían necesidad de seguir hostigándolo hasta que termine prendiéndose fuego?”, lamentó.
“Fue un grito desesperado de justicia de este hombre, no solo en nombre de él, sino en nombre de todas las familias campesinas que están sufriendo desalojos ilegítimos por parte de la justicia”, expresó Rolando Gómez Vélez, uno de los abogados de la causa, en una entrevista radial. Además, aseguró que “las condiciones no estaban dadas para que se haga el desalojo, ni siquiera había testigos. Debería haberse ordenado la suspensión del mandamiento de desalojo, y realizarlo cuando las condiciones estén dadas”, explicó el letrado.
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La familia Corvalán son 13 hermanos. Todos son conocidos en el pueblo. Según relató Isabel, antes de salir para el desalojo, los oficiales dijeron que iban a un operativo en Catena, una localidad cercana, para evitar que familiares de Héctor se enteren y asistan al lugar para acompañarlo. “Podríamos haberlo convencido de que no haga lo que hizo, estaba solo y desesperado porque ahí vivió siempre, no quería perderlo todo”, lamentó su hermana.
A pesar de las heridas que le provocaron en el violento desalojo, los policías llevaron a Reyes Corvalán a la comisaría, según contó Isabel. “Mi hermano tenía un hundido en la cabeza y estaba golpeado. No sé si lo patearon o qué, pero también tenía los testículos hinchados, yo creo que lo torturaron para que firmara el desalojo”. Ni aun así Héctor firmó.
Con el 45 por ciento de su cuerpo quemado y las vías aéreas afectadas, para su traslado en ambulancia a un hospital de alta complejidad, aguardaron que la jueza definiera si estaba detenido o no. Por orden de la médica que lo atendió, pidió que, bajo su responsabilidad, le quiten las esposas y lo trasladen a Tucumán por el delicado estado de salud en el que se encontraba.
Después de 10 días de agonizar, Héctor murió el 22 de octubre. “Lo quieren hacer pasar como un suicidio. Mi hermano estaba bien. Ellos son los responsables de hostigarlo, de no haberse retirado, podrían haber ido de otra manera. Esperaron que esté solo para abordarlo”, expresó la mujer.
Isabel asegura que Héctor no murió por las quemaduras. El 22 de octubre al mediodía el doctor les dio el parte médico y el estudio de las vías aéreas dio que no estaban comprometidas. Sí tenía muchas secreciones a causa del humo, pero de las quemaduras ya estaba curando bien. “La desconfianza de nosotros está en que la policía le ha hecho poner algo”, explicó Isabel. “Es todo un encubrimiento”. La desconfianza de Isabel se acrecentó ante las demoras para acceder a los detalles de autopsia.
“El Negro nunca nos pudo contar nada”. Isabel tiene un hijo con discapacidad al que tiene que rehalibilitar, por eso vive en Tucumán. El día que murió Héctor, era su cumpleaños y había ido a comer a lo de su hijo menor. Como el parte médico había sido bueno, Isabel se fue. “Pensaba que en dos o tres día ya iba a despertar. Las quemaduras ya estaban secas, ya no tenía vendas.”
A las 5 de la tarde les llegó el mensaje de la dra. Chocobar, avisando que había tenido un paro cardíaco y que no lo podían sacar.
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Hoy, en las tierras que habitaba Héctor esta infantería y la policía cuidando. Por el momento, se suspendió el mandamiento de desalojo y se ordenó suspender el ingreso de cualquiera de las dos partes al territorio. Una parte de la familia Corvalán puede ingresar para alimentar a los animales recuperados.
El caso llegó hasta el Congreso de la Nación. Desde el bloque Cambiemos presentaron un proyecto en referencia al repudiable accionar que llevó a la muerte a Corvalán. La diputada y autora del proyecto, Patricia Nuñez, explicó que el proyecto “es una comunicación que plantea desde nuestro bloque que la violencia no es el camino”, afirmó. “Si estas cosas pasan es porque el Estado no está protegiendo al más débil”, aseguró. El proyecto no llegó a ser tratado en la Cámara. También se pronunciaron desde el Episcopado Argentino, la Pastoral Social y Derechos Humanos de Santiago del Estero, el CELS, Greenpeace, entre otras organizaciones, preocupadas por la grave situación de los campesinos y campesinas que están siendo expulsados de sus territorios.
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Las familias Campesinas e Indígenas de Santiago del Estero siguen resistiendo al despojo, atropello y violencia de mano de empresarios, gobiernos y sistema de justicia que vulneran cotidianamente, como hace más de 500 años, los derechos de los pueblos a sus territorios.
