Esquel: juicio a una médica que garantizó un aborto no punible

El juicio a la médica residente, que en 2015 garantizó una interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años que murió una semana después, tiene a Esquel dividida. Mientras muchos encuentran vergonzoso que se juzgue a la doctora, otros en las vidrieras de los comercios pegan carteles con pedidos de justicia ilustrados con la cara de la adolescente. La carátula por la que se acusa a la doctora es “Interrupción legal del embarazo, practicado por un médico abusando de su ciencia y arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte”. El juez es José Oscar Colabelli, sancionado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut por falta grave y abuso de poder, tras haber negado en 2012 el acceso a un aborto no punible a una niña de 12 años.

“La familia tiene todo el derecho a saber las causas del fallecimiento de la chica y también que no existe relación entre el aborto y la muerte de Maira. Es muy importante exigir una investigación seria de las causas reales del fallecimiento”, explicó a Cosecha Roja Ruth Zurbriggen, de la Colectiva La Revuelta Neuquén. “Es un juicio injusto que puede afectar directamente la aplicación efectiva de la interrupción del embarazo y, en consecuencia, a quienes la aplican. Hay un desconocimiento muy grande del tema”.

En la audiencia de ayer y de hoy se presentaron testigos de parte de la defensa. Mariana Romero, investigadora en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, docente y asesora en la Organización Mundial de la Salud en las guías para la atención de mujeres que cursan un aborto, fue contundente. Explicó detalladamente ante el tribunal de qué se trata y cómo se construye la firma del consentimiento informado. También declararon médicos del Hospital Sub zonal Maitén y una médica de El Bolsón. El perito forense y ginecólogo Calixto González fue terminante: “No se puede vincular al aborto como la causa del fallecimiento”.

La querella interrogó a cada uno de los testigos acerca del uso del Misotrostol. “Les dijeron a los testigos que en el prospecto dice que esa droga sólo la pueden recetar los tocoginecólogos. Los médicos contestaron que ellos no estudiaron su carrera con prospectos sino con Manuales de Farmacología”, contó Ruth.

Entre los Amigos del Tribunal que ofrecen argumentaciones legales en favor de las actuaciones de la médica se encuentran Amnistía, el Cels, Ela, Cladem, Feim, la Comisión Nacional de Residentes de la Federación Argentina de Medicina General y la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. De parte de la familia se presentaron las organizaciones Más Vida y Nutrir.
Chubut es una de las nueve provincias argentinas que cumple con el protocolo pedido por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema, que obligó al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a implementar y hacer que se cumplan protocolos hospitalarios para quitar obstáculos que limitan o impiden que las niñas, adolescentes, mujeres y personas trans accedan a servicios médicos. La legislación nacional plantea que cuando el embarazo sea producto de violencia sexual o cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la persona gestante se puede interrumpir la gestación.

El caso

Maira tenía 17 años y estaba embarazada de siete semanas. Los últimos días de noviembre de 2015, tomó valor y se acercó al Hospital Sub-Zonal de El Maitén, acompañada por su prima. Fue hasta allí a pedir la interrupción legal de su embarazo. Sabía que su pedido está contemplado por los Códigos Civil y Penal de la Nación, por las leyes provinciales y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo.

En el hospital la escucharon. Una trabajadora social y un equipo de médicos evaluaron su caso. Maira estaba segura de que no quería seguir adelante: “si no me ayudan a abortar, me mato”. Abril, una de las doctoras residentes del hospital, apoyada por el equipo médico y siguiendo el marco legal y el protocolo, le suministró misoprostol. El consentimiento de Maira, que quedó por escrito en la historia clínica, y las causas que la llevaron a esa tomar esa decisión, no figuran en la causa porque se perdieron.

Cinco días después, Maira comenzó a sentirse mal y fue al Hospital de Esquel. Los médicos le hicieron dos cirugías y constataron que su útero estaba completamente sano y que no tenía ninguna infección. Pero a las pocas horas de salir por última vez del quirófano, Maira se desestabilizó y murió. Fue entonces cuando los papás se enteraron de que la chica había abortado y el caso se judicializó.

La Fiscalía de Esquel determinó, a partir del certificado de defunción, que la muerte se produjo como consecuencia del proceso incompleto del aborto “al no haber retirado los restos del embarazo del útero que generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte de la joven”.

Sin embargo, los médicos de El Maitén no encuentran ninguna causa que conecte la práctica del aborto con la muerte de Maira. “Es muy grave que no se sepa de qué murió. La Fiscalía no indagó, se basó en el único antecedente que fue el aborto y en medio de la investigación cambiaron un peritaje”, dijo a Cosecha Roja Julieta Galván, de la Multisectorial de Esquel y de la Colectiva Mujeres por el derecho a decidir. “Se está intentando acusar a la práctica y a la médica para que cada vez haya más objetores de conciencia”.

El juicio a Abril, acusada de “aborto punible”, comenzó el lunes. La Comisión Nacional de Residentes de Medicina General, la Federación Argentina de Medicina General, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pidieron su absolución y denunciaron persecución “por parte del juez machista”. La perito Stella Manzano, quien cuestionó el certificado de defunción de Maira, dijo: “Este caso me recuerda mucho al de la joven que estuvo presa en Tucumán, de Belén donde salieron a la luz de todas las irregularidades judiciales que jueces y fiscales permitieron. Hay un fin disciplinador y machista”.

Fuente: Cosecha Roja